Escuchar
Los jefes de cuatro fracciones de oposición se pronunciaron sobre el posible retiro de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que enfrente una acusación por un presunto delito de concusión. El caso está relacionado con la polémica contratación por $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, quien ganó ese contrato del BCIE, es el testigo de la corona. El contratista se liberó de ser acusado por la Fiscalía General por estos hechos, a cambio de brindar información esencial para esclarecer lo sucedido.
Los voceros de los partidos Frente Amplio (FA), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP) coincidieron en que debe ser el mismo mandatario quien solicite a la Asamblea Legislativa el retiro del fuero especial que lo cobija.
Mientras que el Partido Liberación Nacional (PLN) dijo estar comprometido con respetar el debido proceso y cumplir con las recomendaciones de los órganos que tendrán que analizar el caso.
LEA MÁS: Fiscalía acusó a Rodrigo Chaves: este es el camino para quitarle la inmunidad a un presidente
“Si tiene un poquito de respeto a la investidura y dignidad, debería pedirnos a los diputados que le levantemos a la inmunidad”, afirmó Antonio Ortega, coordinador de la fracción del FA.
Criterio similar externó José Pablo Sibaja, vocero del PNR. “Antes de hablar si le vamos a levantar la inmunidad o no, al presidente, sería pedirle que si él está libre de culpa o si no tiene una responsabilidad, que más bien sea él quien renuncie la inmunidad”, declaró.
Sibaja no quiso adelantar criterio sobre la posición que asumiría su bancada, en caso de que se solicite a la Asamblea Legislativa definir si se levanta o no la inmunidad del gobernante. Agregó que los diputados no tienen los detalles del caso, más allá de lo que ha sido publicado en los medios de comunicación.
LEA MÁS: ¿Qué es concusión, el delito por el que la Fiscalía acusa al presidente Rodrigo Chaves?
El diputado Luis Diego Vargas, coordinador del PLP, mencionó también la posibilidad de invitar a Chaves a que renuncie al fuero. No obstante, aclaró que si el caso llega a ponerse a conocimiento del Congreso, su fracción votará a favor de remover la inmunidad al presidente de la República.
“Haríamos un llamado al señor presidente para que acepte, por un tema de transparencia, que deje de lado la inmunidad y afronte el proceso judicial. En el caso específico que no lo haga, nos parecería preocupante, estaría mandando un mal mensaje a la ciudadanía y, si llega a la Asamblea Legislativa, este diputado y la fracción del PLP, estaríamos dispuestos a votar a favor del levantamiento de esa inmunidad.
“Los costarricenses se merecen transparencia y que los involucrados en casos de corrupción enfrenten las acusaciones”, destacó el legislador liberal.
Por su parte, Óscar Izquierdo, líder del PLN, manifestó que su fracción estará “absolutamente de acuerdo en cumplir con los procedimientos legales correspondientes. En consecuencia, si es necesario levantarle la inmunidad, tendremos que hacerlo, pero esos es un proceso”.
Los pasos a seguir
Recordó que, primero, la acusación debe pasar al análisis de la Corte Plena, quien debe determinar si la acusación cumple con los requisitos mínimos legales y si los hechos señalados por la Fiscalía, efectivamente, podrían constituir un delito.
Si los magistrados llegan a una conclusión afirmativa, entonces tienen que enviar el expediente a la Asamblea Legislativa, donde los diputados tienen que discutir la solicitud de levantamiento de la inmunidad.
Antes de tomar cualquier decisión, el Congreso primero tiene que establecer una comisión legislativa, compuesta por tres diputados, que analice el caso. El órgano debe emitir una recomendación al Plenario, con base en todas las pruebas que les sean presentadas por parte del acusador (la Fiscalía) y el acusado (en este caso, el presidente).
No obstante, sus observaciones no son vinculantes para la votación definitiva.
Para levantar el fuero de inmunidad del presidente Chaves –al igual que de cualquier otro miembro de un Supremo Poder– la votación favorable debe de superar los dos tercios de la composición total de la Asamblea. En otras palabras, debe de ser respaldada por un mínimo de 38 de los 57 legisladores.
Si la decisión del Congreso es negativa, el caso en contra de la persona acusada no desaparece. La inmunidad de las autoridades solo les cubre durante sus períodos en el cargo y el Poder Judicial puede retomar el proceso y juzgar a la persona en cuestión como un ciudadano común tan pronto como termine su período en el cargo. Esto, por supuesto, siempre y cuando los hechos no hayan prescrito.
