La Fiscalía General de la República acusó al presidente Rodrigo Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión. Pero, ¿qué significa esa palabra?
¿Qué es concusión?
El delito de concusión está normado en el artículo 355 del Código Penal (Ley 4.573).
Este señala que se impondrá una pena de prisión de dos a ocho años al funcionario público que, "abusando de su calidad o de sus funciones", obligue o induzca a alguien a dar o prometer un beneficio indebido.
Este beneficio, dice la misma ley, puede ser “un bien o un beneficio patrimonial”, tanto “para sí” como “para un tercero”.
¿De qué se trata el caso?
La Fiscalía General informó sobre su acusación en contra del mandatario y de su ministro este lunes 7 de abril, poco antes del mediodía.
Según indicó, el caso se relaciona con una polémica contratación por $405.800 en favor de la la empresa RMC La Productora S.A., del productor audiovisual Christian Bulgarelli, la cual se habría gestado “a la medida” para la compañía de ese empresario.
La Fiscalía indicó que Bulgarelli habría sido obligado a transferir $32.000 de ese contrato en favor de Federico Cruz, conocido como “Choreco”, quien fue “asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente”.
Todo esto, agregó, a cambio del contrato pagado con dinero que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Gobierno de la República.
¿Cuáles son las pruebas del caso?
La Fiscalía se basa en varias pruebas. Entre ellas, audios grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, que fueron divulgados en diciembre de 2023 por este medio de comunicación; y la confesión del propio Bulgarelli, quien aceptó colaborar con las autoridades del Ministerio Público como “testigo de la corona”.
El productor audiovisual le explicó al Ministerio Público que depositó $32.000 en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción de La Unión de Cartago, para que Cruz pudiera alquilarla, con opción de compra.
Ese fue el condominio donde la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo en contra de Federico Cruz, el 8 de agosto del 2024.
¿Y ahora?
La Fiscalía también informó de que entregó la acusación a la Secretaría General de la Corte Plena, “de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes”, y también la comunicó a la Procuraduría General de la República, “como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil”.
Si la Corte Plena no ve vicios en la acusación, entonces podrá trasladar el expediente a la Asamblea Legislativa, que sería la encargada de decidir sobre el levantamiento de la inmunidad de Chaves y Rodríguez, por tratarse de jerarcas con ese fuero de protección adicional.