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Costa Rica recibió la tarde de este viernes a un tercer grupo de 28 personas deportadas por Estados Unidos: 25 extranjeros y 3 costarricenses.
Esos migrantes llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería.
El pasado 11 de abril, el país recibió a otras 25 personas provenientes de ese mismo país. El 17 de abril recibió a 30 personas, entre ellos, ocho costarricenses.
Estos envíos forman parte del memorando de entendimiento firmado a finales de marzo por el presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.
Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, para trasladar a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en ese país.
Nacionalidades
En este segundo vuelo, hay personas de diez nacionalidades distintas:
- Honduras: cuatro hombres y una mujer
- Guatemala: cuatro hombres y una mujer
- Brasil: dos mujeres y dos hombres
- China: tres hombres
- India: tres hombres
- Rusia, Uzbekistán, Turquía y Bolivia: un hombre por cada uno de esos países
- Rumania: una mujer, quien es la madre del menor de edad que llegó la semana anterior junto con el padre
Según Migración, actualmente, de las 47 personas recibidas en días anteriores, 18 participan en el programa de retorno voluntario asistido. Estas se distribuyen así: una de Albania, dos de Brasil, ocho de Guatemala, dos de Honduras, dos de India, una de Irlanda y dos de Marruecos.
Las otras 29 personas se encuentran en distintas situaciones: 12 no desean regresar a su país de origen; ocho requieren más información antes de tomar una decisión; dos expresaron su intención de retornar, pero aún no han iniciado el trámite; cinco desean regresar, aunque no bajo el procedimiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); y dos desistieron de las opciones disponibles.
Según las autoridades migratorias, todas estas personas se les aplican consultas en los sistemas del Poder Judicial, Interpol y otras instancias internacionales, con el fin de verificar que no representen un riesgo para la sociedad costarricense.
