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La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa fue escenario de una intensa discusión entre el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y la jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, este martes, durante una audiencia de la contralora general, Marta Acosta.
El debate se dio a raíz de datos presentados por Cisneros, en los que aseguró que el gobierno tuvo una caída en los ingresos superior a ¢85.000 millones por la aprobación de una ley, a finales de 2023, en la recaudación del impuesto a la propiedad de los vehículos.
Se trata de la ley 10.390, que modificó la fórmula utilizada por Hacienda para calcular la base imponible del impuesto a la propiedad de los vehículos. Ahora, en la Asamblea, se discute una ley para impedir que el gobierno haga una “interpretación errónea” de la ley vigente y no afecte a los contribuyentes.
Cuando Feinzaig escuchó los datos planteados por la vocera oficialista, tomó la palabra para rebatirla, con un documento del Ministerio de Hacienda en la mano, y rechazar la afirmación de Cisneros.
A diferencia del dato expuesto por la diputada chavista, el legislador del PLP enfatizó que los datos reales de recaudación por el cobro del marchamo que reportó Hacienda revelan que Cisneros mintió.
Feinzaig citó que, en 2024, la recaudación por ese tributo fue de ¢165.000 millones, mientras que en 2025 fue de ¢228.000 millones, es decir, ¢62.781 millones más.
“Doña Pilar, puede seguir mintiendo, que es lo que ha hecho por cuatro años. Hoy sí me voy a atrever a decirlo. Muchas veces he tenido el cuidado de decir que miente, no que es una mentirosa, pero cuando uno miente, miente y miente, y cuando a uno le aclaran la verdad e insiste en la mentira, es porque su naturaleza es ser una mentirosa. Es más fácil vender una mentira que explicar una realidad”, dijo Feinzaig.
El diputado del PLP aseguró que, ahí, en la Comisión de Hacendarios agarraron a Cisneros con las manos en la masa.
Feinzaig citó, para enfatizar el dato erróneo de Cisneros, que la recaudación del impuesto a la propiedad de los vehículos aumentó, entre 2022 y 2023, cerca de ¢10.000 millones, mientras que entre 2023 y 2024 efectivamente disminuyó en ¢31.000 millones, pero jamás en ¢85.000 millones, y finalmente entre 2024 y 2025 se incrementó en ¢62.781 millones.
En respaldo a lo señalado por Feinzaig, la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, le reiteró a Cisneros, en modo didáctico, que la oficialista no puede comparar los datos reales de recaudación reportados por Hacienda con las expectativas de recaudación que aparecen en los presupuestos nacionales y que utiliza la Contraloría General de la República para hacer sus informes sobre la situación de las finanzas públicas.
“No puedo aceptar que confundamos datos de diferentes bases. Doña Pilar, se lo expliqué, usted está usando datos presupuestarios, no recaudación final y real. Son absolutamente diferentes”, dijo la verdiblanca.
Ramírez le consultó directamente a Marta Acosta si el informe que ella había presentado sobre la ley y la contralora general confirmó que esa información utilizada por Cisneros era con base en información presupuestaria, “no recaudación real”.
“De hecho, el informe habla de potenciales ingresos”, enfatizó Acosta.
Sin aceptar que había utilizado datos que no reflejaban la recaudación real, Pilar Cisneros incluso atacó a Feinzaig y le dijo: “Cómo le duele y le encanta insultar, porque no tiene argumentos”, pero de inmediato la vocera chavista citó el informe que la CGR construyó precisamente sobre información presupuestaria y no real.
Contraloría advierte sobre impacto del proyecto
Respecto a la iniciativa de ley que era objeto de discusión en la Comisión de Hacendarios, la contralora general advirtió que el impacto de ¢8.000 millones en la recaudación del impuesto debería ser compensada mediante el fortalecimiento de otras fuentes ordinarias de ingresos “a fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas”.
“Este proyecto conduce a un deterioro de la recaudación fiscal, en comparación con la metodología que actualmente se aplica”, dijo Marta Acosta.
La jerarca agregó que el incremento en la carga tributaria no es un fin en sí mismo, sino que su propósito es dotar al Estado de los recursos necesarios para financiar políticas públicas que promuevan una redistribución equitativa del bienestar, sobre todo para los sectores más vulnerables.
El principal problema, dijo Acosta, es que la iniciativa propone que establecer el valor fiscal de los vehículos no se pueda incrementar, una vez establecido.
“El efecto de esta reforma es que, al fijar el valor CIF (costo, seguro, flete, por sus siglas en inglés) de importación, sin considerar la etapa interna de comercialización que se refleja en el valor escritural, se esperaría una baja en la recaudación. Esto, según el Ministerio de Hacienda, tendría un efecto estimado de ¢8.000 millones", dijo Acosta.
