En 2015, el gobierno de Luis Guillermo Solís decidió negociar anualmente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), pese a que hasta entonces el acuerdo se definía para periodos de cinco años. Así ha ocurrido de forma ininterrumpida hasta 2026.
La Constitución Política, en su artículo 85, creó un fondo para financiar a las universidades públicas y estableció que “las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.
El mismo artículo dispone que el plan nacional para la educación superior “deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente”.
Bajo esa lógica, el FEES se negoció de forma quinquenal hasta 2010. El último acuerdo bajo ese esquema correspondió al periodo 2011-2015.
De quinquenal a anual
En 2015 correspondía negociar el FEES para el quinquenio 2016-2020. Sin embargo, el 25 de agosto de ese año, el Gobierno y las universidades acordaron recursos únicamente para el ejercicio económico 2016.
El convenio estableció que durante el primer semestre de 2016 comenzarían las discusiones para el periodo 2017-2020. Eso no ocurrió y el FEES continuó negociándose año con año.
El rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, explicó que, aun con los convenios anuales, hubo años en los que se ajustó lo firmado y confirmó que antes de 1988 la negociación también era anual.
¿Qué cambió?
El exviceministro de Hacienda del gobierno de Solís, Fernando Rodríguez, justificó la decisión de anualizar el FEES por la crisis financiera mundial, el deterioro de las finanzas públicas y la falta de reformas fiscales durante los gobiernos de Laura Chinchilla y Solís.
“Se había acumulado un deterioro en la situación fiscal bastante importante, que había iniciado con la crisis del 2009, cuando se revirtió el superávit fiscal de 2007 y 2008; aparece nuevamente el déficit primario (diferencia negativa entre los ingresos y los gastos). La crisis no solamente nos golpea por la recaudación, sino que además nos pone en una senda de crecimiento de la deuda”, explicó Rodríguez.
El entonces rector de la UNA, Alberto Salom, afirmó que las universidades nunca estuvieron de acuerdo con negociar el FEES cada año y que incluso interpusieron acciones legales ante la Sala Constitucional.
“Ellos (gobierno de Solís y de Alvarado) no querían comprometerse a una negociación quinquenal cuando la situación económica del país estaba en déficit”, dijo Salom.
Rodríguez reconoció que en Hacienda existió una discusión sobre la obligación constitucional de financiar a las universidades y la capacidad económica del Estado. Según explicó, se aplicó un criterio de “realidad económica” y la negociación anual permitía ajustar el financiamiento según la capacidad fiscal.
“La Constitución puede decir una cosa, pero la realidad puede señalar otra”, defendió Rodríguez.
En entrevista con La Nación, el expresidente Luis Guillermo Solís defendió que la decisión no tuvo como objetivo recortar los recursos, sino evitar comprometer fondos para cinco años en un momento de incertidumbre fiscal.
“Esta decisión de anualizar en FEES no es una decisión fiscalista, sino una decisión que se tomó para evitar que borraran las universidades, porque no se podía garantizar el flujo de recursos para financiarlas cada cinco años, porque hubiera sido una irresponsabilidad hacerlo”, dijo Solís.
Salom sostuvo que el convenio quinquenal ofrecía mayor previsibilidad a las universidades. También afirmó que la Constitución establece un aumento del financiamiento universitario vinculado con la inflación y que los gobiernos comenzaron a resistirse a reconocer esos incrementos.
El exministro del ramo, Leonardo Garnier, cuestionó la forma en que Hacienda ha abordado el financiamiento educativo: “Cualquier presupuesto que aprueben sin llegar al 8% del PIB es inconstitucional”.
“Hacienda no solo tiene la responsabilidad de ajustar el gasto, Hacienda tiene la responsabilidad de conseguir los ingresos”, agregó el exministro.
‘Defensa y caída’ del FEES
Hoy, Solís considera que el argumento fiscal utilizado por el Gobierno tiene un trasfondo político diferente al de su administración. A su juicio, las autoridades actuales han asumido una posición hostil contra las universidades.
“Esta administración y la anterior (de Rodrigo Chaves) han sido hostiles a las universidades públicas (...) por razones políticas, no fiscales. El argumento fiscal es un argumento para justificar un repudio político a lo que las universidades representan. Han hecho todo lo posible por debilitarlas, han querido dividir al Conare y han golpeado a las universidades”, dijo.
En 2017, durante su administración, el presupuesto para educación pública alcanzó el 7,6% del PIB, el nivel más alto de la historia reciente. Para 2027, el Gobierno de Laura Fernández presupuestó 4,9% del PIB, por debajo del porcentaje establecido constitucionalmente y el nivel más bajo de los últimos años. En 2025 fue de 5,07% y en 2026 de 5,04%.
Solís reconoció que las universidades hubieran preferido mantener la negociación quinquenal porque necesitan certeza para planificar investigación, carreras, infraestructura y becas.
“No fue una decisión equivocada, aquella decisión fue la más responsable y la que nos garantizaba hacerle un mejor trato a las universidades. Hoy, eso se ha convertido en un problema, que yo reconozco con toda humildad”, dijo Solís.
Rodríguez admitió que las universidades cuestionaron posteriormente el cambio, “pero las condiciones no siempre son las que uno quisiera tener”, dijo.
En 2024 y 2026, la Comisión de Enlace fracasó en las negociaciones del FEES entre las universidades y el Poder Ejecutivo. Por ello, corresponde a la Asamblea Legislativa dirimir el diferendo.
Garnier cuestionó que el Gobierno haya convertido en una práctica ordinaria un mecanismo que, según él, debía ser extraordinario: que el Congreso resuelva la disputa sobre el financiamiento universitario.
“El gobierno lo que está decidiendo (...) es eliminar el proceso de negociación, eliminar la visión de mediano plazo que daban los planes quinquenales y simplemente usar la mayoría legislativa para aprobar el presupuesto de las universidades”, dijo Garnier.
La situación tiene una particularidad adicional en 2026: a diferencia de 2024, el Congreso está dominado por una mayoría absoluta del oficialismo.
Solís reconoce que entregar el 8% del PIB resulta difícil bajo las actuales condiciones fiscales, pero pidió al Gobierno al menos un gesto político que demuestre su compromiso con la educación.
“Lo que me parece una locura es que, para todos los efectos, además de que está anualizado el FEES, también el gobierno no quiere aumentar nada (el presupuesto)”, cuestionó.
Salom coincidió con esa preocupación y advirtió sobre las consecuencias para las nuevas generaciones. “¿Qué clase de presupuesto va a salir para las universidades con la oposición que han tenido estos señores de financiar a las universidades públicas de Costa Rica?“, dijo.