La cifra implica una reducción del 0,7% frente a la previsión de gastos de este 2026, que alcanza ¢2.771.516,7 millones. En términos absolutos, la diferencia ronda los ¢19.229 millones menos.
Para 2027, la estimación del PIB es de ¢55.710.990,3 millones. Para 2026, la cifra se ubica en ¢53.084.916,7 millones.
El dato también muestra que el financiamiento presupuestado para el MEP queda 3,1 puntos porcentuales por debajo del 8% del PIB, parámetro establecido en el artículo 78 de la Constitución Política para el gasto público en educación estatal, incluida la educación superior.
En relación con el PIB, el presupuesto quedaría distante del 7,6% registrado en 2017, el nivel más cercano a la meta establecida por la norma en los últimos años.
Aunque a nivel total disminuyen los egresos, la reducción no se distribuye de igual manera entre las partidas. El proyecto aumenta los recursos para remuneraciones, bienes duraderos y transferencias de capital, mientras recorta servicios, materiales y suministros, y transferencias corrientes.
Entre los recortes aparecen las transferencias corrientes, disminución equivalente a un 2,8%. Esta partida incluye recursos destinados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), universidades públicas, juntas de educación y programas estudiantiles como las becas Avancemos, entre otros.
También disminuiría un 12,3% el dinero para servicios, Hacienda atribuyó la reducción principalmente a que el MEP no incluyó recursos para pagar intereses relacionados con la deuda con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
En contraste, las remuneraciones aumentarían un 0,5%. Estos recursos cubren salarios base, recargos, tiempo extraordinario, aguinaldo, salario escolar y otros componentes salariales del personal del Ministerio.
La mayor parte del presupuesto por programa se concentraría en enseñanza preescolar, primer y segundo ciclo, con ¢748.931,7 millones, equivalentes al 27,2% de los recursos del MEP.
Las transferencias de capital subirían un 13,2%, estos recursos se destinan principalmente a juntas de educación y administrativas para construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa.
El proyecto de ley corresponde al Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2027. El Poder Ejecutivo lo presentó ante la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación.
Para aprobar el plan de gastos ordinario se necesita mayoría absoluta, equivalente a la mitad más uno de los diputados presentes, lo que permitiría a la fracción oficialista respaldarlo sin requerir un amplio apoyo de otras bancadas.
