El proyecto se presenta en medio de mayores presiones fiscales y contempla los recursos para el funcionamiento del Gobierno Central del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2027, es decir, para el primer año calendario completo de la administración de Laura Fernández.
Chaves aseguró que los ingresos suben un 2,3%, es decir, ¢175.010 millones adicionales al ejercicio económico en curso. Los gastos del próximo año se financian en un 38% con deuda y el 62% con ingresos tributarios.
El 93% del presupuesto contiene recursos ya comprometidos y un 7% libres. Según lo informado por Hacienda, el 40% está destinado al pago de la deuda, un 28,2% a transferencias y un 24,7% a remuneraciones.
El proyecto de ley corresponde en un 5,9%, es decir, ¢734.000 millones, a inversiones de obra pública, como la ruta 1, la carretera a San Carlos, la ampliación del tramo Barranca-Limonal, el Tren Metropolitano, escuelas y colegios, el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco) y delegaciones policiales.
De acuerdo con los datos presentados por Chaves, el superávit primario sería del 0,5% y el déficit financiero es de -4,4%.
Mayoría oficialista
En esta ocasión, la Asamblea está dominada por una mayoría oficialista, con 31 diputados, mientras que el bloque de oposición está conformado por 26 congresistas, lo cual incide en el proceso de aprobación de la propuesta, sin posibilidad de modificaciones, tanto en la Comisión de Hacendarios como en el Plenario.
La aprobación del plan de gastos ordinario requiere de una mayoría absoluta, es decir, la mitad de las diputaciones presentes más una, por lo que la fracción oficialista puede aprobarlo sin mayor oposición.
El año pasado, en un Congreso dominado por la oposición, los diputados rebajaron la partida del pago de intereses de la deuda para incluir autorizaciones de gastos adicionales en rubros como el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para la Cruz Roja, la Red de Cuido, las pensiones del Régimen No Contributivo, las becas Avancemos y comedores escolares, entre otros.
La presentación del presupuesto ocurre en medio de discusiones entre Hacienda y el Poder Judicial ante el planteamiento por parte del Ministerio de una nueva rebaja de ¢23.722 millones a su presupuesto para este 2026 mediante un ajuste extraordinario.
Según el Poder Judicial, el recorte al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se produce en momentos en que la Policía Judicial desarrolla investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada.
Pide revisar exoneraciones y reducir instituciones
Al tiempo que pidió a los diputados aprobar el proyecto de ley presentado, Rodrigo Chaves aseguró que un grupo de “38 diputados patriotas” deberán revisar las exoneraciones vigentes, que según dijo están por el orden de los ¢2 billones anuales, así como dar herramientas al Poder Ejecutivo para combatir el contrabando y la subfacturación.
Adicionalmente, aseguró que se deben revisar las transferencias a las universidades y las municipalidades, reducir las instituciones, eliminar las diferencias salariales entre empleados públicos, replantear los destinos específicos de los ingresos tributarios que hoy establece la ley, así como recortar el gasto en alquileres y pensiones de lujo.
