EscucharEl director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, advirtió ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que la reciente reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses, presenta una importante debilidad legal que podría dificultar la captura de personas requeridas por otros países.
Según explicó Zúñiga, actualmente las autoridades judiciales solo están facultadas para detener a los extraditables cuando se encuentran en la vía pública, lo que limita la efectividad de las operaciones.
“No tenemos la posibilidad de hacer allanamientos, no tenemos la posibilidad de utilizar las mismas herramientas policiales que en la actualidad utilizamos para poder allanarles a ellos o poder detenerlos como tal”, afirmó el jefe de la policía judicial, el pasado 1.º de julio.
Ante esta situación, Zúñiga instó a los legisladores a introducir reformas legales complementarias, con el fin de dotar al OIJ de las facultades necesarias para actuar en estos casos.
Advirtió que la extradición de nacionales podría convertirse en una práctica común, luego que el pasado 20 de mayo entrara a regir la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, que habilitó esta figura legal.
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En respuesta a la solicitud del jefe del OIJ, el diputado Horario Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley para incluir en la Ley de Extradición, un artículo 7 bis, que autorizaría los allanamientos para los procedimientos de extradición.
Procesos están en curso
Costa Rica ya recibió las primeras solicitudes de extradición, por parte de Estados Unidos, de cuatro ciudadanos costarricenses. Dos de ellos, Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y el exmagistrado Celso Gamboa, fueron detenidos el pasado 23 de junio y permanecen bajo custodia judicial.
Posteriormente, el 25 de junio, fue capturado Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, vinculado al denominado caso Venus.
El cuarto requerido es Alexander Leudo-Nieves, alias Justo, un colombiano naturalizado costarricense, aunque se rumora que podría haber fallecido. Esta hipótesis aún se encuentra bajo investigación.
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Los tres extraditables detenidos se encuentran a la espera de que los tribunales resuelvan si se acoge o no la solicitud del gobierno de los Estados Unidos, para que sean entregados y enfrenten cargos por presunto tráfico de drogas.
Randall Zúñiga alegó, ante una consulta de La Nación, que no existe una legislación específica para la extradición de nacionales, por lo que se deben regir bajo el derecho constitudinario, o sea, por normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo.
No obstante, debido a que el país está resolviendo sus primeros casos de extradición de ciudadanos costarricenses, “no tenemos esa experiencia o esa facilidad de poder generar un allanamiento o una intervención telefónica, para saber si esa persona está ahí, todas las labores normales y usuales de la policía”, advirtió.
“Nos limita a la captura de la persona, pero en vía pública”, concluyó.
Para la detención de Celso Gamboa, según detalló el director del OIJ a los diputados, se sabía que el exmagistrado estaba en una casa habitación (en Escazú), por lo que un equipo esperó hasta que este abandonó el recinto, para proceder con su captura.
“Sale alrededor de las seis y algo de la noche y se le hace la detención a él, en vía pública, alrededor de seis cientos metros después de la casa de él”, mencionó el jerarca.
La reforma aprobada por los diputados al artículo 32 de la Carta Magna únicamente adicionó la autorización para que las personas puedan ser compelidas a abandonar el territorio nacional “en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo”, y únicamente cuando la extradición haya sido concedida por los Tribunales de Justicia, “con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes.”
¿Qué dice el proyecto del PUSC?
El expediente legislativo 25.079, impulsado por Alvarado, establece que un juez podrá autorizar los allanamientos cuando exista una solicitud de extradición debidamente presentada, acompañada de una orden de captura y se tengan motivos fundados para presumir que la persona requerida se encuentra en un lugar determinado.
“Con esta propuesta el Estado costarricense podrá ejecutar capturas en extradición de forma eficaz, además de fortalecer la cooperación internacional y garantizar que el proceso se realice con apego a los derechos humanos y los principios del debido proceso”, argumentó Horacio Alvarado.
El congresista también hizo un llamado a sus compañeros para agilizar la aprobación del proyecto de ley.
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No obstante, la propuesta del socialcristiano mantiene la restricción horaria vigente en la legislación nacional, que permite realizar allanamientos únicamente entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., salvo en situaciones de urgencia.
Si bien los legisladores aprobaron una reforma para que los allanamientos se puedan realizar en horario irrestricto, incluidos fines de semana y feriados, el presidente Rodrigo Chaves vetó el proyecto de ley, cuando el Congreso se encontraba en el periodo de sesiones extraordinarias.
Dado que el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa entre el 1.º de mayo y el 31 de julio, y el expediente no ha sido convocado, será necesario esperar hasta que se reanuden las sesiones ordinarias para que los diputados decidan si rechazan el veto. Para aprobar el resello, se requieren al menos 38 votos.
