El colombiano naturalizado costarricense Alexander Leudo-Nieves, alias "Justo", requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, podría estar muerto, según manifestó el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, ante consultas de La Nación.
“Hay un rumor de que está fallecido, pero no tenemos confirmación. Eso lo está investigando la Policía de Control de Drogas (PCD), no nosotros”, declaró Soto.
“No nos hemos metido en el tema, porque nosotros teníamos a los otros tres (Celso Gamboa, Edwin López Vega y Jonathan Álvarez)”, dijo Soto en referencia a otros imputados del mismo caso.
Fuentes policiales tampoco descartan que haya salido ilegalmente del país y muriese en Colombia, de donde es originario. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, Leudo-Nieves entró a Costa Rica en marzo del 2009 y luego no reportó ningún egreso.
La Nación hizo consultas a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), despacho al que está adscrita la PCD, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica había solicitado con carácter urgente la detención provisional con fines de extradición de Leudo-Nieves, alegando que existía información que apuntaba a una inminente fuga desde territorio costarricense.
De acuerdo con la solicitud enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Leudo-Nieves enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y distribución de grandes cantidades de droga con fines de exportación a EE. UU. Los delitos están contenidos en el expediente 4:16-CR-119, presentado ante el Tribunal de Distrito Este de Texas el 12 de junio de 2025.
Alexander nació el 28 de agosto de 1976 en Colombia, y fue descrito como un hombre de raza negra, 173 cm de estatura, 86 kg de peso, con cabello negro y ojos café.
Cargamentos para carteles internacionales
Según las autoridades estadounidenses, Leudo-Nieves formaba parte de una poderosa organización transnacional de narcotráfico con operaciones en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y EE. UU., con vínculos directos con el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa.
Entre sus responsabilidades, según testigos colaboradores, estaba la coordinación de cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y Panamá hacia Costa Rica, para su posterior distribución hacia México, Estados Unidos y Europa.
Uno de los cargamentos atribuidos a Leudo es de 313 kilogramos de cocaína, el cual fue incautado el 11 de junio de 2016 en el puerto colombiano de Pizarro, en Chocó.
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Declaraciones de testigos protegidos también vinculan a Leudo con actos de extorsión y violencia en territorio costarricense. Uno de los testigos, identificado como CW-3, relató que en febrero de 2023, el narcotraficante llegó armado a su negocio para exigir el pago de una deuda por un cargamento de cocaína perdido, y se habría llevado uno de sus camiones como parte de la represalia.
Leudo también habría ofrecido, en julio de 2023, un lote de 49 kilogramos de cocaína, troquelados con la marca Reina, a un precio de $4.700 por kilo, lo que refuerza su rol como coordinador de operaciones de alto nivel.
Tres testigos colaboradores, identificados en el expediente como CW-1, CW-2 y CW-3 confirmaron la participación activa de Alexander Leudo-Nieves en actividades de narcotráfico desde al menos el año 2013.
Las otras tres personas detenidas en este expediente: Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez, descuentan dos meses de detección provisional mientras avanza el proceso de extradición.
Ellos serían los primeros costarricenses extraditados tras la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 15 de mayo pasado, que autoriza la entrega de ciudadanos ticos por delitos de terrorismo o narcotráfico.
Con la reforma, en la Carta Magna ya se lee textualmente: Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.