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Dos funcionarios de la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) advirtieron la existencia de varias fallas legales en la propuesta de reestructuración de esa entidad que recomendó la destitución del diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, y la desaparición de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales donde el legislador tenía su cargo.
Dichas advertencias fueron hechas un día antes de que la propuesta de reestructuración se aprobara en la sesión de la Junta Directiva, en noviembre pasado.
Así consta en el memorando PRE-J-2025-04612, firmado por los asesores jurídicos Kattya Ramírez Barrera y Rodolfo Lizano Rojas, con fecha del 19 de noviembre de 2025.
En el documento remitido a Karen Naranjo Ruiz, miembro de la Junta Directiva del AyA, los asesores jurídicos señalaron que el acuerdo propuesto para la reestructuración parcial de la institución no detalla cuál fue el diagnóstico ni los estudios realizados que justifican y recomiendan la supresión de la dirección que lideraba Izquierdo antes de pedir un permiso sin goce de salario para ejercer como diputado.
La falta de esos diagnósticos o estudios significaba, para los asesores jurídicos, que el acto administrativo del despido y la supresión de ese departamento carecen de motivación.
La Dirección Jurídica también cuestionó que uno de los elementos considerados para destituir al diputado fue una “encuesta de opinión institucional”.
“Dicho instrumento de medición carece de objetividad para la toma de decisiones, pues se trata del resultado de la percepción de los distintos escenarios propuestos, respecto de los cuales los funcionarios no pueden emitir criterio o justificar de mejor manera las razones que motivan su respuesta”, expone el criterio de los asesores jurídicos.
Acá puede consultar el documento:
Otro de los cuestionamientos lanzados por la Dirección Jurídica del AyA se enfoca en el criterio de la reestructuración sobre una presunta desconexión entre la estrategia corporativa y los procesos fundamentales de gestión, “sin indicar de manera específica en qué consiste esa desconexión y por qué el suprimir o trasladar esas áreas generaría ese enfoque integral y ordenado del desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento.
Sin participación de las áreas afectadas
La propuesta de reorganización parcial del AyA, presentada a la Junta Directiva por el gerente general, Darío Guzmán, tampoco evidencia la aplicación de los principios de participación y transparencia, señaló la Dirección Jurídica.
Específicamente, advirtieron que no se dio participación activa a ninguna de las áreas afectadas, “a efectos de mitigar los efectos negativos que pudieran darse” ni tampoco se acreditó la capacitación y apoyo a los funcionarios de las dependencias impactadas para asegurar que estén preparados a los cambios.
“Dichos aspectos son de vital relevancia jurídica, porque se estarían afectando derechos subjetivos y generando con ello el incumplimiento a los principios garantizados constitucionalmente, tal y como se ha manifestado en otras ocasiones de análisis del tema”, dice el informe jurídico.
Adicionalmente, los asesores legales enfatizaron que la eliminación de la oficina o unidad de Cooperación Internacional es contraria al decreto DE-43951-PLAN-RE/2023, firmado por Rodrigo Chaves y los ministros Laura Fernández, de Planificación, y Arnoldo André, de Relaciones Exteriores, donde se reglamenta el Sistema de Enlaces de la Cooperación Internacional.
En dicho decreto, se distingue la figura del enlace sobre cooperación con el de la oficina encargada de esos asuntos de cooperación internacional, funciones que la propuesta de reestructuración pretendió recargar en la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez.
“Dicha norma (el decreto mencionado) que resulta ser absolutamente clara, señala que esas instancias se encuentran a la vez reguladas por un Sistema Nacional, cuyo funcionamiento se basa en principios de rendición de cuentas y transparencia, buscando con ello la objetividad en la atención de los asuntos que son sometidos a su conocimiento; no obstante, el análisis de esa necesidad y valor agregado, no son evidenciados en los motivos que señala el proyecto de acuerdo”, cuestionó la Dirección Jurídica.
Finalmente, esa oficina advirtió la necesidad de garantizar una serie de principios constitucionales y legales sobre procesos de reestructuración en instituciones públicas, en resguardo de los derechos subjetivos y del interés público del AyA.
