Los diputados dejaron herido de muerte, este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que pretende eliminar los beneficios carcelarios a las personas sentenciadas por narcotráfico.
Primero, el presidente en ejercicio, Carlos Felipe García, ordenó archivar el expediente legislativo 23.714, luego de que hubo empate en las dos votaciones consecutivas que se hicieron, con base en el artículo 106 del Reglamento.
Esa decisión fue cuestionada y, finalmente, la presidencia legislativa acogió dos mociones de revisión presentadas sobre las votaciones empatadas que enviaban el proyecto al archivo.
La práctica legislativa ha sido, siempre, que cuando un asunto queda empatado, se repite la votación y si el empate da nuevamente, el asunto se envía al archivo, tal como lo dice literalmente ese numeral 106.
No obstante, la socialcristiana Daniela Rojas cuestionó la decisión, porque existe un criterio del Departamento de Servicios Técnicos, emitido en 2024, donde dice que cabe la moción de revisión para ese tipo de casos, sobre la votación empatada.
La decisión de García de utilizar ese criterio puesto sobre la mesa por Rojas fue cuestionada por diputados del Frente Amplio (FA), Liberación Nacional (PLN) e independientes, pues en las comisiones no les han dado opción a los legisladores, ni siquiera para presentar revisiones sobre votaciones empatadas.
El asunto no se resolvió este lunes, antes de que finalizara la sesión del plenario, pues la discusión quedó pendiente, luego de que García solicitara formalmente un criterio de urgencia al Departamento de Servicios Técnicos, antes de definir si el proyecto sobrevive o es sepultado.
De todas formas, el pronóstico no augura ningún futuro a la iniciativa, más allá del segundo debate, pues para convertirse en ley de la República requiere el aval de la mayoría calificada del Congreso, es decir, 38 diputados, pues un criterio de la Corte Suprema de Justicia señaló que ese proyecto afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
¿Qué plantea el proyecto de ley?
Se trata de un proyecto de Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), que tiene entre sus objetivos, por ejemplo, impedir que las personas que cumplen penas por narcotráfico puedan salir con beneficios como el de brazalete y que tampoco se les pueda disminuir la pena de prisión.
El expediente pretende que, cuando un juez penal declare que una causa está relacionada con la narcoactividad, a solicitud del Ministerio Público, todos los plazos establecidos por el Código Procesal Penal se dupliquen, entre ellos la investigación, celebración de audiencias, plazos para deliberación y dictado de la sentencia.
Además, la iniciativa permite que el juez pueda prorrogar la prisión preventiva de las personas sospechosas el tiempo que sea necesario para concluir el juzgamiento de la causa.
El proyecto establece que no tendrán efecto ni se podrán aplicar, para proyectos sobre narcoactividad, ningún tipo de medida alterna del procedimiento, ni tampoco la reducción de la pena.
“No resultan aplicables ningún tipo de beneficio carcelario que implique el traslado de la persona condenada a ningún régimen que no sea el institucional y tampoco se aplicará ningún tipo de beneficio con respecto a la reducción de la pena ni la aplicación de beneficio de libertad condicional”, dice la propuesta de Gilberto Campos.
Finalmente, la iniciativa dice que, para efectos del cómputo de la pena, tampoco se le aplicará ningún descuento, sino que la persona que resulte condenada por narco deberá descontar la sanción penal de manera íntegra.
