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Por decisión unánime, los diputados dictaminaron afirmativamente una reforma constitucional que impediría a las personas acogerse al derecho de abstenerse a declarar contra familiares, cuando la víctima sea menor de edad, en casos de abuso sexual infantil o violencia intrafamiliar.
Los siete integrantes de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que analizó el expediente 23.729, dieron su aval para que la propuesta, presentada por la legisladora Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), pueda seguir su trámite.
El proyecto plantea una modificación al artículo 36 de la Constitución Política, que actualmente establece lo siguiente: “En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad”.
La iniciativa impulsada por la diputada verdiblanca añade una frase al final del párrafo para introducir una excepción, de tal forma que ese derecho no aplique cuando los familiares deban declarar en casos donde la víctima menor de edad haya sufrido delitos sexuales o violencia intrafamiliar.
La Corte Suprema rechazó emitir criterio sobre el proyecto, por considerar que se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial. Mientras que la Fiscalía General apoyó la reforma por considerarla “necesaria y pertinente”, al tiempo que recomendó ampliar el rango para que la medida abarque la totalidad de los delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad y no quede reducido a delitos sexuales o de violencia intrafamiliar.
Al contrario, la Defensa Pública se manifestó en contra de la iniciativa, al considerar que la misma no justificó debidamente en la presentación del expediente y los posibles riesgos de que se obligue a las personas menores de edad a declarar.
“Lo que creo yo debería suceder es que esta reforma no se produzca porque eso podría atentar justamente en contra de la dignidad propia de la persona menor de edad, de su autonomía progresiva, del derecho a participar activamente de sus decisiones”, externó Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública, durante una audiencia ante el foro legislativo.
Durante esa misma comparecencia, el abogado penalista Carlos Tiffer Sotomayor, profesor de la maestría de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), también cuestionó los argumentos expuestos en el expediente para sustentar la reforma y la redacción del documento.
“No se encuentra, desde mi punto de vista, fundamentado y además la redacción, es una redacción confusa, es una redacción también que no establece realmente una regulación que proteja a las víctimas, porque como habla de los familiares, no hablan ni siquiera de la víctima”, expresó.
En vista de estas falencias, recomendó realizar mejorar la iniciativa, “o de lo contrario, pues, habría que valorar el futuro de este proyecto para que tuviera algún tipo de viabilidad y hacerle un análisis desde un punto de vista jurídico, dogmático”.
Luego de recibir el dictamen positivo en comisión, la propuesta pasará al plenario legislativo. Por ser una reforma constitucional, deberá atravesar dos debates en una primera legislatura, para luego pasar por el tamiz de la Sala Constitucional.
Si lo consigue, la presidencia de la República deberá citar el número de expediente en el que se tramita en su discurso del 1.° de mayo, y así el plan entraría en la fase final del proceso legislativo, que consta de tres debates más.
La comisión especial a cargo de analizar la reforma constitucional estuvo integrada por las verdiblancas Carolina Delgado y Monserrat Ruiz; Paola Nájera, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Rosalía Brown, del Partido Nueva Repúlica (PNR); Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA); Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la independiente Gloria Navas.
