Antonio Barzuna, diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), propuso que la próxima presidencia de la Asamblea Legislativa sea ocupada por una mujer, a partir del 1.° de mayo.
La solicitud de Barzuna fue realizada a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) el pasado 14 de febrero.
Me gustaría que fuera una mujer la que quede de Presidente de la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo…!!!
— ANTONIO BARZUNA THOMPSON🇨🇷 (@BARZUNATHOMPSON) February 14, 2026
Barzuna explicó a La Nación que el comentario fue una “reflexión general” y no un respaldo a una candidatura específica. Según indicó, la idea surge en un contexto en el que el próximo Congreso contará con más mujeres que hombres, lo cual considera un elemento relevante y positivo.
Además, señaló que le parece simbólicamente valioso que, de forma paralela, el país tenga una mujer en la Presidencia de la República y otra al frente del Poder Legislativo, lo que calificó como “algo muy interesante y muy bonito”.
Consultado sobre si ha considerado su propio nombre para integrar el Directorio legislativo o asumir la jefatura o subjefatura de fracción, el diputado electo fue enfático en negarlo.
Posibles candidaturas
Según el conteo preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el PPSO cuenta con una mayoría absoluta de 31 diputados. Esto le permitirá nombrar, el próximo 1.° de mayo, a todo el Directorio legislativo sin necesidad de negociar con las fracciones de oposición.
Entre los nombres que se barajan, está el de la diputada electa por esa agrupación, Marta Eugenia Esquivel, quien fungió con presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y ministra de Planificación (Mideplan), en el gobierno de Rodrigo Chaves.
Esquivel también ha sido mencionada como una posible jefa de fracción del oficialismo. La actual legisladora Pilar Cisneros la citó como una de las opciones, junto con el exministro de Hacienda Nogui Acosta.
No obstante, también se ha mencionado el nombre de José Miguel Villalobos.
Esquivel afronta una causa penal por el Caso Barrenador, en el que se investiga un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos para la administración de 138 Ebáis con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).