
La diputada Melina Ajoy aseguró que no acudirá a instancias superiores para revertir su expulsión del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a pesar de que, según afirma, el proceso está plagado de errores legales que le permitirían “ganar fácilmente” en tribunales.
Este 28 de abril, el Tribunal de Ética del PUSC resolvió expulsarla tras votar en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, lo que impidió que enfrentara el año pasado dos procesos, uno judicial y otro administrativo.
“Aunque el proceso está lleno de errores legales que me permitirían defenderme y ganarles fácilmente en tribunales superiores, no voy a desgastar mis energías en un lugar donde la justicia fue sustituida por el odio y la venganza; no voy a pelear por las sobras de un partido que ellos mismos están destruyendo”, afirmó la legisladora en un pronunciamiento publicado la noche de este 28 de abril.
Ajoy cuestionó con dureza al Tribunal de Ética del PUSC, al que acusó de violentar su derecho al debido proceso. Según su versión, pese a que se le había concedido un nuevo plazo para contestar tras declararse con lugar un incidente de nulidad por notificación defectuosa, el tribunal emitió la resolución de fondo apenas 10 minutos después de que ella presentara su respuesta.
Para la diputada, esa rapidez evidencia que la decisión “ya estaba tomada de antemano” y que no existió una valoración real de sus argumentos, lo que califica como una persecución política impulsada por la actual dirigencia partidaria.
Ajoy concluyó que su trabajo político no depende de un carné partidario y que continuará ejerciendo como diputada con énfasis en su provincia de Guanacaste, pese a que únicamente le restan 3 días como legisladora.

Inmunidad presidencial
El proceso disciplinario se originó por el voto de Ajoy y otros cuatro congresistas en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en dos procesos. Una decisión que el PUSC había intentado unificar desde su Asamblea Nacional pidiendo que se votara a favor de desaforar al mandatario.
La legisladora defendió que su actuación se basó en un “análisis técnico” y en la independencia que garantiza la Constitución a los diputados. Señaló que los legisladores responden a un mandato nacional y no a órdenes partidarias.
El Tribunal de Ética resolvió este martes la expulsión de Ajoy y de su compañero Horacio Alvarado.

Los otros legisladores a los que se les inició el proceso son Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo, quienes aún son parte de la fracción parlamentaria de la Unidad, así como Leslye Bojorges, el cual se declaró independiente a finales de enero, al anunciar su apoyo al chavismo y su entonces candidata, Laura Fernández.
