
La diputada independiente Johana Obando anunció la noche de este martes que ejercerá acciones legales por supuestas “injurias y calumnias” en su contra difundidas por un medio de comunicación, al que la legisladora no se refiere directamente.
Este mismo martes, se divulgó un reportaje denominado “El Cartel de los 35″ en el programa Central Noticias, del medio Opa. En la publicación, se habla de presuntos vínculos de cuatro diputados con una red de narcotráfico asociada al grupo de Los Chapitos en Estados Unidos.
“Costarricenses, hoy quiero hablarles para rechazar de la manera más enérgica y categórica las acusaciones en mi contra, publicadas recientemente por un medio de comunicación. Es absolutamente falso cualquier señalamiento que me vincule con actividades delictivas. Niego rotundamente esas acusaciones", dijo Obando en un video difundido en sus redes.
“Las llamadas pruebas presentadas en el reportaje que me menciona son falsas y su narrativa contra mí es totalmente malintencionada. Ante esta grave difamación, me he puesto en contacto con mi equipo legal para ejercer todas las acciones pertinentes contra las calumnias e injurias de este medio de comunicación”, añadió la diputada.
Obando agradeció las muestras de apoyo que dice haber recibido por parte de muchas personas.
Desestimación
En días recientes, la Fiscalía General de la República solicitó desestimar una causa penal contra los diputados independientes Johana Obando y Luis Diego Vargas. La pesquisa se abrió en setiembre de 2023 por una supuesta legitimación de capitales.
LEA MÁS: Fiscalía pide desestimar causa por legitimación de capitales contra dos diputados independientes
En la denuncia, se alegaba que una persona habría presuntamente financiado, con dinero de origen irregular, campañas de algún partido político, incluyendo a los independientes Obando y Vargas.
Aunque los dos congresistas llegaron a la Asamblea Legislativa con el Partido Liberal Progresista (PLP), al cual renunciaron este año, Obando en febrero y Vargas en mayo, la denuncia alegaba que esa persona había financiado los “partidos Naranja y Movimiento Social Progresista”.
Ese sujeto presuntamente mantenía negocios en Tilarán de Guanacaste y, según la denuncia confidencial, buscaba empresarios para inyectar capital con dinero que supuestamente era resultado del narcotráfico y provenía de Colombia.
No obstante, en el expediente judicial consta que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró a la Fiscalía General que no hay partidos políticos con ese nombre. Posteriormente, el órgano electoral corroboró que la persona no hizo aportes a la campaña del PLP.
