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Andrea Álvarez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó este martes que miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ejercieron presión sobre Adriana Chaves Díaz, directora de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, para incidir en la adjudicación de 138 Ebáis a cooperativas. Las presiones las habría ejercido mediante mensajes de Whatsapp. La Fiscalía investiga un presunto sobreprecio en esta contratación, en el marco del Caso Barrenador.
Este martes, en la Asamblea Legislativa, la legisladora Álvarez preguntó a la funcionaria sobre la presunta injerencia. En respuesta, Adriana Chaves declaró: “Por tratarse de uno de los elementos que se están investigando, en este momento, por parte de la Fiscalía de la Probidad, yo preferiría no referirme directamente a su consulta, señora diputada”.
La verdiblanca dijo respetar la decisión de la directora de Aprovisionamiento, pero aseguró tener información “donde sí se señala que usted recibió presiones, incluso a su WhatsApp personal, por parte de miembros de la Junta Directiva, relacionados con este cartel. Es mi valoración, pero me parece que esto es incorrecto, aparte de arbitrario”.
La funcionaria contestó preguntas durante una comparecencia ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga las presuntas irregularidades en la CCSS; el órgano es presidido por la diputada Álvarez. Entre las líneas de investigación, está el Caso Barrenador.
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En el escrito presentado por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a un juez para solicitar la orden de allanamiento, contra los ocho investigados del Caso Barrenador, se indica que Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta ejecutiva de la CCSS, y el resto de los directivos imputados, en “plena coordinación y de común acuerdo, llevaron a cabo acciones mediante las cuales ejercieron un control activo sobre la elaboración del cartel” de licitación.
El proceso licitatorio culminó el sábado 6 de julio con la decisión de la Junta Directiva de conceder la adjudicación a cuatro cooperativas y una asociación médica por ¢471.000 millones durante 10 años, pese a que existían criterios técnicos que señalaban precios “excesivos” en las ofertas. También, hubo recomendaciones de la Junta de Adquisiciones, emitidas desde el 2 de mayo, para declarar infructuoso el proceso debido a los altos costos.
El perjuicio económico anual por la contratación, según las estimaciones de la Fiscalía, sería de ¢12.400 millones por año.
Previamente, durante la misma sesión del foro, Adriana Chaves indicó a la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), que la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicio no sufrió “intervención” alguna, más allá del proceso de objeciones cartelarias, que es parte del proceso. “A partir de ahí, el mercado que está interesado en competir hace las consideraciones a través de la fase de objeciones y se hacen las modificaciones, respectivas”, explicó.
“Nosotros recibimos la documentación ya subida en el sistema. El Sistema de Compras Públicas tiene la gran virtud de que, una vez constituidos los roles por parte de cada órgano, a nosotros como Dirección, que somos los que conducimos ese procedimiento, nos llegan documentos finales, ya terminados. Entonces, debo decir que como Dirección no tuvimos una intervención más allá (del proceso de objeciones)”, manifestó.
