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La bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cerró la puerta a destinar un 10% de los préstamos internacionales de apoyo presupuestario al pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una práctica que se comenzó a implementar en 2020, pero que la administración de Rodrigo Chaves frenó.
“No lo vamos a seguir aplicando”, afirmó Nogui Acosta, exministro de Hacienda y futuro jefe de fracción del PPSO. Consultados por La Nación, otros 16 diputados electos del oficialismo evitaron fijar una posición individual: algunos señalaron que deben analizar el tema, mientras que otros indicaron que se alinearán a lo que defina la bancada.
Al contrario, la mayoría de diputados de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) consultados por este medio y la totalidad de los integrantes del Frente Amplio (FA), coincidieron en respaldar la continuidad del mecanismo para fortalecer las finanzas de la CCSS.
La diputada electa Claudia Dobles, de la bancada unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), también dijo estar a favor, mientras que Abril Gordienko, única legisladora por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo no tener conocimiento del tema.
Un mecanismo que nació en pandemia
La práctica de destinar un 10% de los créditos internacionales a la CCSS surgió en 2020, en medio de la pandemia de la covid-19, tras la firma de un acuerdo marco entre el Poder Ejecutivo y la institución durante la administración de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Desde entonces, se utilizó como un mecanismo para amortizar la creciente deuda estatal con la Caja, hasta que en 2024 el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, puso fin a la medida.
La disposición era incorporada por los diputados de la Comisión de Hacendarios en los proyectos de ley de aprobación de los empréstitos, de modo que un 10% del monto total se destinara al pago de la deuda, que, según estimaciones de la CCSS, supera los ¢4 billones.
Una discusión que podría escalar
Esto era posible porque los contratos suscritos por el Gobierno con los organismos multilaterales o entidades financieras no establecían un destino específico para los recursos, lo que otorgaba cierto margen de discrecionalidad a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esto cambió a mitad de la administración de Rodrigo Chaves, cuando se empezó a definir el uso de los fondos desde el origen, lo que impidió a los diputados mantener ese mecanismo.
Los créditos internacionales necesitan de al menos 38 diputados para su aprobación, según lo establece el artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política. Queda por ver si la asignación de recursos para abonar a la deuda con la CCSS se convertirá en un punto de fricción durante la tramitación de estos empréstitos, una vez que asuma la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, a partir del próximo 1.º de mayo.
Si bien diputados de oposición en la legislatura saliente manifestaron su molestia cuando el gobierno de Rodrigo Chaves puso fin a la práctica, lo cierto es que continuaron aprobando los créditos remitidos por el Poder Ejecutivo.
Criterios individuales vs disciplina de bancada
Incluso entre los diputados oficialistas que mostraron apertura a dar continuidad al acuerdo político de hace seis años, podría terminar prevaleciendo la línea de fracción, que, según Nogui Acosta, sería en contra de trasladar recursos provenientes de los créditos a la CCSS.
Por ejemplo, Kattia Calvo, diputada electa del PPSO, afirmó que “todo lo que se use para amortizar la deuda que se tiene con la Caja es bienvenido, una gran idea”. No obstante, matizó su posición al señalar que el tema debe revisarse y que la bancada cuenta, “por suerte”, con quien, a su criterio, “fue el mejor ministro de Hacienda del mundo”, en referencia a Acosta.
Mientras que el también oficialista Reynaldo Arias, señaló que es un tema que debe ser analizado, pero que consideraba que “seguir alimentando a la CCSS” y fortalecerla, “sería muy importante”.
“No podemos dejar de un lado el bien social que hace la CCSS y no podemos dejar a la CCSS, como decimos, a la deriva, Dios guarde. Hay que seguirla nutriendo, fortaleciendo, y por el bien de todo Costa Rica”, agregó.
Otro grupo importante de diputados del PPSO, siete de los consultados, prefirieron dejar la decisión en manos de la bancada. “Son temas que vamos a revisar, a nivel de fracción, para trabajarlo como equipo”, señaló Osvaldo Artavia, mientras que Ariel Mora insistió en que se trata de un asunto “súper amplio” que requiere una posición conjunta.
En la misma línea, otros legisladores electos del PPSO, como Robert Barrantes y Wilson Jiménez, indicaron que el tema deberá analizarse internamente antes de asumir una postura. “Vamos a tomar las decisiones en conjunto con la fracción”, afirmó Jiménez.
Otras voces del oficialismo también introdujeron cuestionamientos sobre la base del cobro de la deuda. Antonio Barzuna advirtió que primero se debe revisar la contabilidad de costos de la CCSS para “saber exactamente qué es lo que la Caja le está cobrando al Estado”, mientras que Juan Manuel Quesada sostuvo que la institución “no ha tenido la capacidad de poderle dar una justificación a los montos que ha puesto al cobro”.
Oposición cierra filas en respaldo a la Caja
Por su parte, los siete integrantes de la bancada del Frente Amplio respaldaron mantener la práctica iniciada en 2020 e incluso plantean ampliarla. “Sí, y si podemos meterle más, le metemos más”, afirmó el diputado electo Edgardo Araya. En la misma línea, Sigrid Segura señaló que “hay que discutir en esta nueva legislatura nuevas formas de cumplir con el pago”, al considerar que saldar la deuda con la CCSS es una “necesidad urgente”.
Por su parte, la mayoría de los diputados del PLN consultados por La Nación, también se mostraron a favor de continuar con la práctica. “Hay que pagarle la deuda del Estado a la Caja”, sostuvo Mangell McLean, mientras que la diputada electa Janice Sandí, presidenta de la Unión Médica Nacional, aseguró que no solo respalda la medida, sino que será vigilante de que se cumpla con el giro de los recursos que ya se aprobaron con ese fin: “voy a exigir que de los empréstitos que ya se dieron con esa prerrogativa, se haga efectivo el pago a la CCSS”.
Ese mismo criterio externó la verdiblanca Karol Matamoros, al asegurar que deben fiscalizar el cumplimiento de ese porcentaje. Otros liberacionistas, como Eder Hernández, calificaron la deuda con la CCSS como un rezago “urgente” de atender, especialmente ante el deterioro de servicios como las listas de espera.
