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La Defensoría de los Habitantes instó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a firmar la ley contra estafas bancarias, recientemente aprobada en segundo debate en la Asamblea Legislativa, con el fin de que entre en vigencia lo antes posible.
El proyecto, que se tramita bajo el expediente 23.908, pretende fortalecer la protección de los consumidores financieros ante el aumento de este tipo de delitos, que han afectado a cientos de personas en el país.
Según la Defensoría, la demora en la firma de la ley incrementa el riesgo para la atención de casos que aún se encuentran en trámite, por lo que hizo un llamado al Ejecutivo para que se complete el proceso correspondiente.
El 4 de marzo, la iniciativa recibió los votos de los 14 legisladores presentes en la Comisión Legislativa con Potestad Plena III, y pasó al Poder Ejecutivo para recibir la firma del presidente de la República.
El expediente 23.908 establece que las entidades financieras serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas bajo su custodia, independientemente de la existencia de culpa.
La responsabilidad aplica incluso cuando la sustracción provenga de un tercero ilegítimo no autorizado por el titular, sin importar el mecanismo utilizado para concretar el fraude.
La norma es clara: si el dinero fue sustraído de una cuenta bajo custodia de la entidad, el banco debe responder. No obstante, hay excepciones.
La norma avalada establece dos excepciones específicas en las que la entidad financiera no incurrirá en responsabilidad:
-Cuando se demuestre que se trató de un autofraude
-Cuando la entidad demuestre que cumple con los estándares adecuados de ciberseguridad instruidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
Esta última excepción aplica cuando se considera que la entidad es ajena a la producción del daño.
Defensoría hace un llamado
La entidad destacó que participó como co-redactora de la iniciativa, la cual considera un avance importante para garantizar una defensa efectiva de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Además, advirtió que el impacto de las estafas bancarias no es únicamente económico, sino que también afecta la salud física y mental de las personas, quienes, en algunos casos, enfrentan procesos que pueden derivar en una re-victimización por parte de las entidades financieras.
La Defensoría agregó que la aprobación de la ley se complementa con el fortalecimiento de las contralorías de servicios en las entidades financieras, a las que corresponde actuar como defensoras de los usuarios ante posibles vulneraciones de derechos, especialmente en lo relacionado con atrasos en la resolución de investigaciones por estafas.
Si el proyecto es aprobado y entra en vigor tras su publicación, el marco legal establecerá como regla general la responsabilidad objetiva de las entidades financieras por la sustracción de fondos, con excepciones limitadas y sujetas a prueba.
Además, obligará a las entidades a actuar bajo protocolos formales y estándares de ciberseguridad supervisados.
