EscucharTres proyectos de ley, impulsados por la diputada oficialista Ada Acuña, la fracción del Frente Amplio (FA) y el legislador independiente Gilberth Jiménez, buscan reactivar el debate sobre el retiro total de los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Las diputaciones defienden los cambios normativos bajo el argumento de que muchas personas necesitan contar con los recursos en el corto plazo, ya sea para cancelar deudas, cubrir gastos inmediatos o realizar inversiones.
Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones (Supén) ve con recelo este tipo de iniciativas, al considerar que reformas de esta naturaleza podrían dejar a la población en una situación de desprotección durante la etapa más vulnerable de su vida.
Hermes Alvarado Salas, superintendente de Pensiones, advirtió a La Nación que permitir el retiro total de los fondos del ROP podría llevar a que muchas personas enfrenten la vejez sin un ingreso complementario, justo cuando las fuerzas físicas, mentales e incluso emocionales disminuyen de manera natural como consecuencia del envejecimiento.
“Ahí es donde más bien (durante esa etapa de la vida), un Estado de derecho como el nuestro, una sociedad solidaria como la nuestra, debería brindarle la mayor protección posible al jubilado”, expresó Alvarado.
Actualmente, el retiro total de los fondos solo está permitido para las personas que acrediten contar con una condición de salud terminal o grave, causada por una enfermedad, y para quienes hayan sufrido un accidente con alto riesgo de muerte, y en los que el tratamiento médico disponible ofrezca pocas probabilidades de prolongar la vida.
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Superintende: Nadie niega la propiedad de los recursos
Otro elemento que señalan los proponentes para defender los proyectos de ley, es que las personas deben tener el derecho de decidir libremente sobre cómo administrar el dinero que han acumulado. Por ejemplo, la propuesta de la diputada Acuña acusa a las operadoras y a la Supén de sostener una postura paternalista hacia los cotizantes.
“Así, se atreven a cuestionar los intereses y las solicitudes de los grupos de pensionados que exigen la devolución de sus fondos individuales alegando que son personas ‘incapaces’ de asumir la responsabilidad de administrar sus recursos económicos”, menciona el texto.
Al respecto, el superintendente de Pensiones afirmó a La Nación que no se está negando la propiedad de los recursos. “Es decir, desde el momento en que un colón ingresa a la cuenta individual de pensión obligatoria, ese dinero es propiedad del afiliado”.
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Sin embargo, Alvarado recordó que del 4,25% que se deposita mensualmente en la cuenta individual del ROP, el 3,25% proviene de los patronos y el restante 1% corresponde al aporte del trabajador.
Por ello, destacó que la mayor parte de los recursos provienen del sector patronal, y se insiste en que debe reconocerse con claridad cuál es el propósito de estos fondos.
“Esos recursos solo tienen un objetivo, complementar la pensión básica, nada más”, subrayó.
Diputada de gobierno impulsa proyecto
La propuesta más reciente la promueve la diputada Ada Acuña, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Se trata del expediente 24.984, cual fue presentado el 16 de mayo, en una conferencia de prensa en la que también participaron representantes del Movimiento Nacional por los Derechos del ROP.
El proyecto plantea modificar los criterios para el retiro del ROP mediante la fijación de dos modalidades, distintas a las existentes.
En el primer caso, permitiría el retiro gradual de los fondos cuando la pensión otorgada por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sea inferior al salario mínimo exento del impuesto sobre la renta, actualmente establecido en ¢929.000 mensuales.
Bajo esas condiciones, la persona pensionada recibiría un complemento mensual, con cargo a su cuenta individual del ROP, hasta alcanzar el tope máximo de pensión del IVM, fijado en ¢1.666.062. Este beneficio se otorgaría por tantos meses como lo permitan los recursos disponibles en la cuenta individual.
“Por ejemplo, si una persona pensionada recibe ¢350.000 mensuales del IVM y posee un fondo acumulado de ¢10.000.000 en su cuenta del ROP, podrá recibir un complemento mensual de ¢1.316.062 (para alcanzar el tope máximo de pensión del IVM) durante un periodo aproximado de ocho meses, o hasta que se agoten los recursos en su cuenta individual del ROP”, argumenta el proyecto.
El segundo escenario contempla que, si la pensión otorgada por el IVM es igual o superior al monto establecido por el Ministerio de Hacienda como salario mínimo exento del impuesto sobre la renta, la persona afiliada podrá solicitar el retiro total de los recursos acumulados en su cuenta del ROP.
FA impulsa texto de la ANEP
En el caso del proyecto frenteamplista, la redacción del texto estuvo a cargo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), según indicó la diputada Rocío Alfaro, durante una conferencia de prensa el 12 de mayo. Esta propuesta se tramita mediante el expediente 24.972.
El documento propone permitir que las personas pensionadas entre el 1.º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029 puedan retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales del ROP mediante rentas temporales durante un plazo de hasta 24 meses, hasta agotar el saldo total disponible.
Alfaro alegó que la iniciativa mejoraría “enormemente las finanzas de las familias costarricenses desde la perspectiva del alivio a las deudas y, a la vez, sirve de capital inicial para actividades productivas y laborales de los pensionados”.
El texto aduce que la población costarricense atraviesa una difícil situación económica, consecuencia de crisis consecutivas a nivel global, ocasionadas por la pandemia de la covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania y el recrudecimiento del conflicto en el Medio Oriente.
Gilberth Jiménez promueve retiro total
En el caso de la propuesta del diputado independiente Gilberth Jiménez, busca incorporar un nuevo inciso al artículo 25 de la Ley de Protección al Trabajador, con el fin de incluir el retiro total de los fondos en un solo acto entre las modalidades previstas para su otorgamiento.
La modificación permitiría al pensionado exigir el 100% del monto acumulado en su cuenta individual.
Según Jiménez, de aprobarse la propuesta, las personas podrán usar los recursos para cancelar deudas o hipotecas; enfrentar gastos médicos u otras necesidades urgentes; iniciar emprendimientos que generen ingresos durante la jubilación o garantizar una vejez digna y autosuficiente.
La atención debe estar en las pensiones voluntarias
Según el superintendente de Pensiones, actualmente existen alrededor de 198.000 contratos activos de pensión voluntaria en el país. Esta cifra representa apenas un 8,3% de la población económicamente activa (PEA). Sin embargo, de esos contratos, solo 81.000 personas realizan aportes periódicos, lo que equivale a tan solo el 3,4% de la PEA.
Por esta razón, Alvarado enfatizó la necesidad urgente de promover la participación en los esquemas de pensión voluntaria. “Debemos enfocar todos nuestros esfuerzos –desde la Supén, las operadoras de pensiones y el aparato comercial que las respalda– en educar al afiliado sobre la importancia de asumir un rol activo en la construcción de su pensión”, señaló.
El jerarca advirtió de que ya no es viable depender únicamente de la pensión básica, como lo hacían generaciones anteriores.
Añadió que el mensaje debe ser claro: “Vea, usted ahora tiene que apropiarse de su pensión. Usted no puede decir, como decían nuestros papás y nuestros abuelos: ‘Voy a ver cuánto me toca de pensión de la CCSS’. No, ya eso no, no debe estar en nuestro ABC en pensiones.”
Según estimaciones de Alvarado, actualmente el régimen básico aporta en promedio entre un 40% y un 42% del último salario, aunque esta proporción podría disminuir en el futuro si no se introducen reformas estructurales. Si a eso se suma la pensión del ROP, que podría aportar entre un 16% y un 20%, aún persiste una brecha importante para alcanzar un ingreso adecuado.
“¿Cómo cerramos esa brecha? En el océano sur que tenemos en la pensión voluntaria", agregó el superintendente.
