Los fondos de pensión complementarios se volvieron demasiado voluminosos para el mercado financiero costarricense. La cantidad de recursos administrados equivale a más de una cuarta parte de la producción de Costa Rica y llevan varios años de protagonizar tensiones con el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones (Supén).
El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) gestiona los recursos de 3,3 millones trabajadores y 73.400 jubilados. Junto con los fondos voluntarios se transformaron en “una ballena en la tina”, según coinciden en la Asociación Costarricenses de Operadoras de Pensiones (ACOP), las operadoras de pensiones complementarias (OPC) y especialistas.
Al cierre del año pasado, el sistema administraba recursos equivalentes a 26,9% del producto interno bruto (PIB), es decir, ¢13,19 billones. Del total, ¢9,25 billones estaban invertidos en el mercado local, de los cuales el 90% correspondía a bonos de deuda del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Mientras tanto, ¢3,94 billones estaban colocados en el mercado externo, según datos de la Supén.
Para tener una noción del peso de los recursos administrados por las OPC, el monto representó más de la producción anual de las provincias de Alajuela, Guanacaste, Limón y Puntarenas juntas, que ascendió a ¢12,98 billones, según el informe del PIB Cantonal para Costa Rica elaborado por el Banco Central.
Róger Porras, presidente de ACOP y gerente de Popular Pensiones, destacó que el crecimiento de los fondos de pensión es tan significativo que constantemente presiona a un mercado local con pocas opciones de inversión.
“Los fondos de pensiones han crecido tanto, son más del 25% del PIB y crecen más del 14% anual. Definitivamente, somos la ballena en la tina y la bañera está apretada”, reconoció Porras.
El régimen complementario se creó con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador en el 2000. Al año siguiente, las OPC administraban un 5,1% del PIB a sus clientes.
El crecimiento se mantuvo constante durante los años siguientes, salvo en el 2022, cuando se produjo una reducción en el valor de los fondos debido a la caída de los rendimientos por el aumento de la inflación en el mundo luego de la pandemia. Sin embargo, en el 2023 y el 2024, retomaron su crecimiento gracias a la mejora de los rendimientos y el ingreso de nuevas cotizaciones.
Tamaño originó discrepancias
El peso del ROP y los fondos voluntarios tiene años de ocasionar tensión en el país. El episodio más reciente fue la objeción dada por Róger Madrigal, presidente del BCCR, por los efectos macroeconómicos de la puesta en marcha de los fondos generacionales.
En una sesión de la Junta Directiva del BCCR, el 21 de noviembre del 2024, Madrigal advirtió de que las modificaciones en la composición de las inversiones del ROP podrían afectar el tipo de cambio y el mercado de valores.
La puesta en marcha de los fondos generacionales está prevista para abril de este año. En este nuevo esquema, los clientes serán clasificados por rango de edad, y la estrategia de inversión se ajustará a las características de cada grupo.
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Entre el 2020 y el 2021, la fuerte demanda de dólares por parte de las OPC, con el objetivo de aumentar sus inversiones en el extranjero, generó una reacción del BCCR. En marzo del 2022, el banco prohibió a las operadoras adquirir dólares en la ventanilla de los bancos y las obligó a comprarlos en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) para evitar presiones cambiarias.
El aumento de las inversiones del ROP en mercados internacionales se aceleró cuando, en mayo del 2021, un criterio emitido por la Supén autorizó a las operadoras a invertir hasta un 50 % de los recursos administrados en el extranjero, siempre y cuando el rendimiento real obtenido fuera del país resultara igual o superior al local.
Otro episodio de discrepancia ocurrió entre el Ministerio de Hacienda y las operadoras entre el 2021 y el 2022, durante el período posterior a la pandemia. El entonces ministro, Elian Villegas, reprochó al conglomerado del Banco Popular por exigir tasas “especulativas” en los bonos de deuda del gobierno.
En marzo del 2022, Villegas denunció que Popular Pensiones había solicitado, en subastas de títulos valores, tasas de interés hasta tres puntos porcentuales por encima del promedio del mercado.
La concentración de inversiones en emisiones de Hacienda también generó conflictos entre las operadoras, la Supén y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Entre el 2006 y el 2023, el Consejo ajustó en siete ocasiones el porcentaje permitido de inversiones en bonos gubernamentales.
Durante esos 17 años, los órganos fiscalizadores establecieron diversos ajustes, tanto de disminución como de aumento, en el límite permitido para la adquisición de bonos del gobierno. En la última modificación, aprobada en enero del 2023, se decidió reducir las inversiones en instrumentos públicos del 80 % al 60 %. Para esta transición se estableció un plazo de ejecución que abarca del 2024 al 2043.
Perjuicio a afiliados
La concentración de las inversiones en el mercado local, en especial en Hacienda, tiene un efecto negativo para los afiliados a los fondos de pensiones complementarios porque podrían limitar el crecimiento del monto de la jubilación futura, conocida como tasa de reemplazo, coincidieron los especialistas consultados por La Nación.
Édgar Robles, exjerarca de la Supén, consideró que el mercado local ya se quedó pequeño y la presión financiera continuará en aumento. Él prevé que en los próximos 20 años, los recursos bajo la tutela de las operadoras sean equivalentes al 50% del PIB.
“El problema de tener las inversiones muy forzadas a lo interno es que el rendimiento será menor y, por lo tanto, la tasa de reemplazo para el afiliado será menor”, explicó Robles.
Las previsiones de la Superintendencia es que en las condiciones actuales, el ROP como principal fondo de jubilaciones tiene la capacidad de otorgar una pensión equivalente al 16,5% del salario del trabajador. La proyección se sustenta en el supuesto de que la persona tuvo una vida laboral estable.
Para Marco Vargas, gerente general de BN Vital, elevar la diversificación es fundamental para reducir el riesgo de concentración de los recursos de los afiliados.
“Las condiciones del mercado local por la poca oferta de emisores en el mercado de deuda y la prácticamente inexistente oferta en los mercados accionarios, efectivamente afectan la tasa de reemplazo de los afiliados”, dijo Vargas.
Para ejemplificar las dificultades a las cuales se enfrentan las OPC, Róger Porras, presidente de ACOP, destacó que, en promedio, los recursos administrados crecen anualmente un 14%, mientras que la economía de Costa Rica lo hace entre un 3% y un 4%.
“El sector privado local no se está desarrollando, hay muchas propuestas de proyectos, pero se concretan, y las opciones en Hacienda se nos van a agotar. Entonces, en el mediano plazo a quien se va a afectar es a los afiliados”, advirtió Porras.
Entre tanto, Héctor Maggi, gerente general de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), subrayó que el mercado local tendrá cada vez menos capacidad de absorber recursos de las operadoras, situación que tendería a elevarse conforme Hacienda requiera menos financiamiento, por el proceso de consolidación fiscal.
Más mercado externo
Para el presidente de ACOP, la única manera para lograr una mayor diversificación de las inversiones es elevar el porcentaje autorizado de adquisiciones de emisiones internacionales.
Porras añadió que incrementarlo del actual 50% de recursos administrados a un 65% sería un porcentaje razonable, dado las limitaciones del mercado local. Sin embargo, subrayó que el posible cambio solo puede ejecutarse mediante una reforma a la Ley de Protección al Trabajador.
El gerente general de BN Vital consideró que con la implementación de los fondos generacionales, subir el porcentaje permitido de adquisiciones de emisiones externas es necesario, en especial, en el grupo de trabajadores jóvenes.
“En el segmento de los afiliados más jóvenes resulta insuficiente (el porcentaje permitido) y debería incrementarse debido a que el mercado local no ofrece instrumentos de inversiones que permitan una adecuada diversificación (...) en nuestro criterio es necesario que dicho porcentaje se incremente al 60 o 70% para mejorar la tasa de reemplazo de los afiliados”, recalcó Vargas.
Robles consideró que el límite debe eliminarse, pues ninguna economía es capaz de absorber el volumen de recursos de los fondos de pensiones. Pero subrayó que el proceso de mayor internacionalización debe darse de manera paulatina y en coordinación con el BCCR, para evitar presiones cambiarias.