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El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró que los migrantes deportados por Estados Unidos hacia Costa Rica estarán en libertad y no necesariamente irán al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem) ni estarán recluidos, sino que podrían ser hospedados en hoteles o en casas alquiladas.
“No se pueda dar fuga porque ellos están libres, no están en un centro bajo medidas de seguridad. Ellos podrían estar en un hotel, podrían estar en casas que alquilemos para esos efectos. Ellos se van a mover libremente”, afirmó Zamora.
Así lo dijo en una entrevista brindada a Multimedios dos días después de que, el lunes 23 de marzo, el gobierno de Rodrigo Chaves suscribió un memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU. Bajo ese acuerdo, Costa Rica podría recibir hasta 25 personas a la semana.
“(Esas personas) vendrán en condiciones de absoluta libertad. Es decir, no serán personas que estarán recluidas o limitadas en cuanto a su libertad de movimiento y tránsito en el territorio nacional”, recalcó el jerarca.
¿Quién pagaría?
El ministro precisó que, entre la Embajada de Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asumirán los costos: “Entre ellos se pondrán de acuerdo en todo lo que ellos (migrantes) requieran de hospedaje, alimentación, atención, traducciones, lo que ellos requieran y sea necesario (...). Imaginémonos que una persona va caminando y se quiebra, eso va a ser costeado sanitariamente".
“Vamos a garantizar su derecho a la salud. El costo final lo pagará el Gobierno de los Estados Unidos. Si nosotros tenemos costos adicionales, ese tipo de facturas se las presentaremos a la Embajada y ellos se encargarán de satisfacerlo”, continuó el jerarca de Seguridad.
Tras una setencia emitida por la Sala Constitucional, Zamora reconoció que deberán modificar algunas de las medidas que tomaron hace un año, cuando el país recibió a un primer grupo de 200 deportados por el gobierno de Donald Trump a Costa Rica.
“Nosotros en aquel momento, para seguridad de los documentos de pasaporte, dejamos en la Dirección de Migración el original y entregamos fotocopias a las personas (...). Esto es algo que nos dijo la Sala que ellos sienten que es limitador de la libertad de las personas. Entonces, una moraleja aprendida de ese proceso es que las personas dispongan del pasaporte porque están en condición de libertad”, dijo Zamora.
Tras el arribo de esos 200 migrantes al aeropuerto Juan Santamaría, fueron montados en un bus y enviados al Catem, una antigua fábrica de lápices, en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
El 24 de junio del 2025, la Sala Constitucional resolvió favorablemente, por mayoría, un recurso de hábeas corpus y ordenó la liberación de una decena de migrantes ubicados en el Catem.
Incluso, en noviembre anterior, la Sala advirtió al director interino de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, de que podría ordenar la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no acata por completo esa sentencia que le exige definir el estatus migratorio y liberar a las personas deportadas desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump.
Una visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en marzo del 2025, describió la situación de los migrantes como “lamentable y triste”.
“Pudimos determinar diferentes condiciones importantes en materia de alimentación, de salud y también realizamos una serie de entrevistas a estas personas que todavía están en el albergue; es muy lamentable la situación migratoria que viven ellos y la incertidumbre que estas personas están pasando en estos momentos en el Catem”, dijo en ese momento, la diputada Monserrat Ruiz.
