La Corte Plena aprobó un acuerdo para que en un plazo de 15 días las Salas I, II y III emitan una serie de recomendaciones para mejorar y eficientizar las medidas cautelares en cada una de sus áreas, especialmente en situaciones relacionadas con crimen organizado.
La decisión firme se adoptó durante la mañana de este lunes, durante la sesión semanal de ese órgano. Se analizarían la materia contenciosa, laboral y penal, según explicaron los magistrados.
Las recomendaciones deberán ser valoradas por el pleno y, una vez aprobadas, remitidas a la Asamblea Legislativa, que decidirá si las acoge o no.
El acuerdo surge con un claro antecedente: las detenciones de dos jueces y una agente de la Polícia Judicial por presunta corrupción, asociada a una causa penal donde figuran la hermana y otros allegados de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Luego de las aprehensiones, el Juzgado Penal de Hacienda dictó medidas cautelares no privativas de libertad. A los investigados, de apellidos Ramírez, Valverde y a la esposa del segundo, de apellido Rojas, quien es agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se les impuso la suspensión de sus cargos, la prohibición de acercarse a los Tribunales de Pococí y la prohibición de comunicarse con el personal de los despachos donde laboran.
Los imputados también deberán firmar cada 15 días, mantener un domicilio fijo y afrontar el impedimento de salida del país.
‘Amerita encender todas las alarmas’
El magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda, uno de los proponentes de la iniciativa, destacó la propuesta.
“El Poder Judicial no se puede mantener impávido, sin reaccionar, cuando hay una serie de situaciones que la realidad social nos obliga a observar (...) El derecho que no responde a la realidad es un derecho que se deslegitima”, dijo Rueda.
Los magistrados señalaron su preocupación por los presuntos actos de corrupción de funcionarios judiciales.
“Este es un tema que efectivamente ha estado sonando toda la semana pasada y con mucha razón... El hecho de descubrir jueces que están metidos en acciones totalmente arbitrarias e irregulares en los mismos despachos amerita encender todas las alarmas y todo lo necesario para ver qué está fallando. Sabemos que el sistema tarde o temprano los detecta, pero no debería ser tarde, sino muy temprano”, dijo la magistrada Roxana Chacón, de Sala Segunda.
En ese mismo sentido se manifestó Patricia Vargas, de la Sala Tercera.
“Personas que tal vez han sido removidas o despedidas por la Corte y que desde lo Contencioso Administrativo son reinstaladas en puestos resultan sumamente sensibles. Es en ese contexto que se genera la preocupación y el interés de sentarse a analizar el régimen de medidas cautelares de distintas materias que se pueden ver involucradas: la penal, la contenciosa, la laboral y la disciplinaria”, dijo Vargas.
Los altos jueces fueron enfáticos en que no pretenden imponerle a los jueces una determinada manera de resolver casos, sino modificar la ley, sin menoscabar la independencia judicial.
En ese sentido, los magistrados cuestionaron que, en ocasiones, han destituido a jueces que posteriormente son reinstalados por la jurisdicción Contencioso-Administrativa, pese a que los acuerdos de despido fueron sustentados incluso con la colaboración de magistrados de esa misma materia.
“Van documentados todos los actos (para justificar el despido), como el último juez (de Garabito) que fue apresado la semana pasada. Ese juez fue despedido por esta Corte Plena y acude al Contencioso; y ahí se borra toda la memoria, todo lo actuado y todas las acciones por las cuales se despidió y no tiene ningún efecto”, cuestionó Chacón.
“No me quiero meter con lo que cada juez hace, porque es propio de ellos, pero hay algo importante que decir: los expedientes tienen que revisarlos y uno tiene que tener una noción de qué es lo que va a dictar y qué va a proteger. Porque no va a ser nunca algo que ya estaba claramente acreditado”.
Consultado el Poder Judicial, confirmaron que Chacón hacía referencia al caso de un juez de Jacó.
Según reportó el medio CR Hoy, se trata de un juez de apellidos Mora Herrera, del Juzgado Penal de Garabito, cuya destitución permanece suspendida desde 2023 debido a acciones legales. La Corte Plena acordó despedirlo después de que dictó un sobreseimiento definitivo a favor de dos colombianos vinculados con un cargamento de más de 800 kilos de cocaína.
Mora Herrera es sospechoso de cometer los delitos de prevaricato y divulgación de secretos.
En abril de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ratificó por unanimidad la validez de su despido. Además, rechazó una demanda por ₡40 millones que el juez interpuso contra el Estado por presuntos daños morales y psicológicos.
Sin embargo, el juez elevó el caso a la última instancia, en Sala Primera, donde está en análisis.
En tanto, otros magistrados, como Patricia Solano y Gerardo Rubén Alfaro, enfatizaron que, si bien apoyan esa propuesta, recalcan las capacitaciones a los jueces penales al momento de interpretar la ley.
Solano señaló que, en los casos en que se despide a funcionarios judiciales pero posteriormente son reinstalados de forma cautelar, una posible solución sería acordar el despido con responsabilidad laboral. De esta forma, según explicó, se evitaría la reinstalación de jueces que “han perdido la confianza”.