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El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se pronunció en contra de los recortes presupuestarios al Poder Judicial y se ofreció como mediador en medio de la creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial, en un contexto que, advierte, pone en riesgo la administración de justicia y la institucionalidad democrática.
El presidente del gremio, Miguel Arias Maduro, fue enfático: “no estamos de acuerdo con los recortes”, al tiempo que subrayó que la posición del Colegio trasciende intereses corporativos. “Nuestra misión comprende la protección del orden constitucional, el fortalecimiento de la administración de justicia y la defensa del acceso de todas las personas a un sistema judicial independiente, eficiente y oportuno”, afirmó.
La Junta Directiva del Colegio advirtió que la discusión no se puede mantener solamente en términos presupuestarios. “No se trata simplemente de cifras o partidas: lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar justicia, investigar delitos, proteger a las víctimas y preservar la paz social”, señaló Arias.
Impacto en la democracia y el Estado de derecho
El jerarca insistió en que el debilitamiento financiero del Poder Judicial tiene implicaciones directas sobre la democracia. Añadió que la independencia judicial no solo depende de normas constitucionales, sino de contar con recursos materiales, humanos y tecnológicos suficientes.
El Colegio también advirtió sobre los efectos concretos de los recortes: procesos más lentos, mayores atrasos, limitaciones en la atención a poblaciones vulnerables y un acceso más difícil a la justicia.
“La justicia no puede convertirse en una víctima de las restricciones presupuestarias”, enfatizó Arias, quien alertó que el costo de debilitar el sistema es “la impunidad, la pérdida de confianza ciudadana y el deterioro del Estado de derecho”.
La directiva Nicole Mannix reforzó ese enfoque al señalar que “defender la justicia es defender la democracia”, pues “proteger al Poder Judicial es proteger los derechos de todas las personas”.
Propuesta de mediación entre los poderes
En paralelo a su rechazo, el Colegio planteó una salida: convertirse en un tercero neutral que facilite un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. “Ofrecemos los servicios del Colegio como entidad jurídica que puede participar en un diálogo productivo, colaborativo, que busque soluciones adecuadas”, indicó Arias.
El llamado ocurre en un momento de alta tensión institucional. El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó la eliminación de una norma presupuestaria que habría permitido asignar recursos adicionales al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio de Seguridad Pública. A esto se suma la intención del Ejecutivo de aplicar nuevos recortes al Poder Judicial.
El escenario se agrava por la situación de la Sala Constitucional, que opera sin magistrados suplentes desde diciembre de 2025, lo que, según el Colegio, la expone a un riesgo permanente de parálisis. “No podemos pensar en la posibilidad de una parálisis técnica de la Sala. Es el baluarte de las garantías constitucionales y los derechos humanos”, advirtió Arias, quien calificó como “exageradamente urgente” resolver ese vacío.
Además, cuestionó que temas estructurales del sistema de justicia —como la elección de magistrados o la mora judicial— no estén siendo abordados, mientras el debate se centra en el conflicto entre los dos poderes de la República. “Las propuestas sobre esos temas son las que tienen que discutirse, pero no estamos trabajando en eso”, sostuvo.
Riesgos a la seguridad y la independencia judicial
El Colegio vinculó también el debilitamiento del Poder Judicial con la seguridad ciudadana, al advertir que la falta de recursos impacta directamente la capacidad de enfrentar el crimen y el narcotráfico. “Cuando usted no tiene recursos para combatir efectivamente la seguridad, los controles se debilitan”, señaló Arias.
Aunque evitó afirmar que la independencia judicial esté actualmente comprometida, el presidente del gremio reconoció que podría convertirse en un riesgo si se mantiene la tendencia. “Es algo que podríamos visualizar en algún futuro, pero el ciudadano costarricense no debería ni siquiera percibir por asomo esa posibilidad”, dijo.
Finalmente, el Colegio hizo un llamado “firme y respetuoso” a las autoridades para adoptar decisiones con visión de Estado. “La inversión en justicia no es un gasto, es una garantía para la democracia, la seguridad jurídica, el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos”, concluyó Arias.
