Los magistrados aprobaron comisionar el asunto a la Presidencia de la Corte, apoyada en la Dirección Jurídica del Poder Judicial. Los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de la votación.
Se trata de la norma 10, incorporada por la Asamblea Legislativa del periodo anterior en el Presupuesto Nacional 2026. Esta disposición establecía que los recursos correspondientes a plazas vacantes entre enero y junio debían trasladarse al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de reforzar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la norma fue eliminada durante el trámite del primer presupuesto extraordinario, aprobado únicamente con los votos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
El expediente 25.589 recibió 30 votos a favor del oficialismo, frente a 24 en contra de las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
La norma se eliminó pese a que no se consultó al Poder Judicial sobre el tema. A criterio de los magistrados, como se trataba de recursos que estaban ya asignados por medio de una ley de la República, lo correspondiente era pedir el criterio a la Corte Plena, según lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política.
De haberse pronunciado contra, el presupuesto extraordinario habría requerido de 38 votos para su aprobación.
OIJ advierte afectación
Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que los recursos se venían empleando para la compra de fusiles, pistolas, balas, cascos, gasolina y viáticos. Expresó especial preocupación por la afectación que tendría para la adquisición de cascos balísticos.
“Uno de nuestros muchachos resultó impactado el viernes en el casco. Si no hubiera sido por el casco no estaría hoy con nosotros”, destacó sobre el operativo que llevó a la detención de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el prófugo más buscado del país.
Soto también advirtió que como parte de la lucha frontal contra el crimen organizado, son cada vez más la cantidad de operaciones que se están generando, por lo que “la previsibilidad en el tema presupuestario es difícil cuando tiene que ver con acciones que no necesariamente están programadas, si no que surgen de la inmediatez”.
Advirtió que “tratando de ver cómo logramos llegar hasta el final del año” y que analizarían estrategias de ahorro que podrían representar “sacrificar algún tipo de actividad operativa”.
“Se va a afectar la labor operativa”, sentenció.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, señaló durante la sesión de Corte Plena, que la norma se venía incorporando en los presupuestos nacionales desde 2024, con algunas diferencias.
En 2024, el OIJ recibió ¢2.530 millones por esta vía y ¢5.761 millones en 2025.
