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La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, sostuvo que casos judiciales como el de La Trocha Fronteriza evidencian la necesidad de cerrarle la puerta a la práctica de posponer juicios porque los abogados defensores tienen las agendas ocupadas.
En entrevista con La Nación, la jueza explicó la necesidad de avanzar con una reforma al Código Procesal Penal para que el imputado deba nombrar a otro profesional en caso de que su abogado esté ocupado en la fecha de su juicio; si no lo hace, se le asignaría un defensor público, para evitar retrasos innecesarios.
Dificultades por agendas ocupadas
Solano manifestó que en los casos con una gran cantidad de imputados, es cada vez más difícil garantizar la participación de todos los abogados defensores involucrados. Hasta un año puede tardar el proceso de conciliar agendas.
La magistrada recordó el juicio de “La Trocha”, que luego de 13 años aún no ha iniciado, aunque el debate está programado para el próximo 31 de marzo, en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
No obstante, la fecha ha sido pospuesta en múltiples ocasiones y, según uno de los abogados involucrados, aún podría sufrir nuevos retrasos.
Caso Fénix podría generar otro atraso
Así lo reconoció el penalista José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, en declaraciones a Monumental, el pasado 9 de marzo. Villalobos es uno de los defensores en el caso de la Trocha, pero también representa a siete imputados por narcotráfico en el Caso Fénix.
Su participación en este último proceso le impediría asistir, precisamente, al inicio del juicio por los presuntos actos de corrupción en la construcción de la ruta 1856.
Villalobos argumentó: “El Caso Fénix no va a terminar en una semana, ni en dos; está para finalizar el último de setiembre. Lo lógico, para tranquilidad de todas las partes, es que el Tribunal de Guadalupe deje sin efecto la audiencia para el caso de La Trocha y la fije para después de octubre, noviembre, diciembre o para el otro año”.
El Caso Fénix es catalogado como el presunto caso más grande de lavado en Costa Rica. Un total de 25 personas están acusadas de integrar una organización criminal asentada en Pérez Zeledón. En el caso de la trocha fronteriza, son 13 los imputados.
La magistrada Patricia Solano señaló que la ciudadanía le cobra al sistema de justicia estos prolongados retrasos, pese a que se cuenta con los jueces, las salas de juicio, los fiscales y el personal técnico necesario para avanzar con el proceso acusatorio. “Nosotros no podemos dejar la agenda para dos años, a esperar a que su defensor pueda (participar)”, resaltó.
Una apreciación similar brindó la magistrada Sandra Zúñiga, también de la Sala Tercera. “Algunos defensores presentan la agenda al despacho y dicen: ‘Vean, en el próximo año o año y medio, yo tengo agenda llena’”, agregó.
