La lista de personas que podrían afrontar un juicio por la fallida construcción de la trocha fronteriza quedó en solo 13 personas.
Aunque inicialmente el proceso investigó a 73 personas, en noviembre del 2018 la Fiscalía dictó sobreseimiento contra 47 personas, en cuenta la expresidenta Laura Chinchilla, su segundo vicepresidente Luis Liberman, su ministro de Obras Públicas Francisco Jiménez y otros miembros del gabinete.
Luego, el 30 de enero de este año finalizó la audiencia preliminar y de las 26 personas involucradas que quedaban, 13 se sometieron a una medida alterna con base en lo que dispone el Código Penal.
Para estos últimos, la Fiscalía elaboró un testimonio de piezas, que es una especie de expediente paralelo, a efecto de velar porque que quienes se acogieron a medidas alternas las cumplan.
La trocha fronteriza es una carretera de 160 kilómetros de largo y en gran parte corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
La construcción del camino se impulsó con un decreto de emergencia del Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) ante la invasión de Nicaragua a isla Calero, en el Caribe norte de Pococí, en el 2010.
La obra se inició en diciembre del 2010 y se paralizó en mayo del 2012, cuando Chinchilla denunció a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por recibir supuestas dádivas de empresarios.
En el proyecto, que quedó en abandono, se invirtieron al menos ¢20.000 millones.
Ahora se está a la espera de que el Juzgado Penal de Hacienda, Goicoechea notifique por escrito si acoge o no la petición de la Fiscalía para elevar a juicio el caso contra los 13 exfuncionarios públicos y empresarios involucrados.
A ellos se les persigue por los presuntos delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito y encubrimiento de bienes.
“Este despacho se encuentra a la espera de ser comunicado de la resolución, ya que, según dispuso el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, será de manera escrita”, informó este martes la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público.
Al consultar al Ministerio Público por el detalle de las medidas alternas a las que se acogieron los otros 13 involucrados, esa entidad informó de que, según el artículo 316 del Código Procesal Penal, esas audiencias son orales y privadas, por lo que lo acordado no es de conocimiento público ya que, además, “son protegidas por el artículo 295 del Código Procesal Penal, que protege la privacidad de las actuaciones”.
En setiembre del año pasado la Procuraduría General de la República afirmó su intención de que los implicados paguen un total de ¢1.600 millones por los daños causados al Estado.
El caso de la trocha fronteriza se tramita en el expediente 12-000053-0621-PE.
Recientemente la Contraloría General de la República terminó un informe cuya investigación duró siete años, en el que no halló responsabilidad administrativa y exoneró a los 12 exdirectivos de la Comisión Nacional de Emergencias en el manejo de recursos de la trocha.
Esa entidad está a la espera de que se emita sentencia en torno a este tema para retomar en sede administrativa otro procedimiento contra quienes integraban en esa época el consejo de administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el exdirector ejecutivo de esa entidad y dos ingenieros, relacionados con la construcción de la trocha fronteriza.
