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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió este martes a un juez penal inhabilitar a Marta Esquivel Rodríguez del cargo de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a otros cuatro miembros de la Junta Directiva de la CCSS, mientras avanza una investigación por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos a cooperativas para la administración de 138 Ebáis.
Debido a que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva, Esquivel, los cuatro directores, dos exdirectores y la gerenta general a. i. de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez, quedaron en libertad la noche de este martes luego de su arresto el lunes por la mañana.
Para los ocho investigados, la Fiscalía también pidió que se les impida cualquier relación con testigos y con la licitación que dio pie a esta causa penal. Además, la FAPTA requirió que se les exija presentarse a firmar una vez al mes ante el juzgado y se les prohíba la salida del país.
La audiencia de solicitud de medidas cautelares dio inicio pasadas las 11 a. m. de este martes, y el anuncio sobre la decisión se dio a conocer a las 6:30 p. m. El juez citó para este miércoles a las 8:30 a. m. para continuar la audiencia.
Aparte de Marta Esquivel, los otros cuatro directores a los cuales la Fiscalía pide inhabilitar son Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana y Jorge Porras López, representantes del sector patronal, y María Isabel Camareno Camareno, quien representa al gobierno de Rodrigo Chaves.
Jorge Porras había renunciado el jueves 19 de setiembre, pero su salida se hará efectiva este miércoles 25 de setiembre.
Los otros investigados son los exdirectores Roberto Quirós Coronado y Jorge Luis Araya Chaves, ambos, también designados por el sector patronal.
Lo que dicen los abogados
Alejandro Marín, abogado de Camareno, había explicado que, en caso de que el Ministerio Público no pidiera prisión preventiva, los investigados saldrían libres de una vez, aunque la audiencia para discutir las medidas continuará este miércoles.
Al exdirectivo Porras López se le achaca haber afectado al erario (delito de influencia contra la Hacienda Pública), afirmó su abogado defensor, Rodrigo Araya, en declaraciones a La Nación. Araya subrayó que durante la audiencia de este miércoles argumentará que Porras tuvo una participación “tangencial”, pues, según dice, no resolvió ningún tema de la licitación y estuvo apenas en “una o dos votaciones”.
Araya también criticó el hecho de que la Fiscalía hubiese solicitado a un juez el arresto de los indagados. Argumentó que las autoridades judiciales pudieron allanar casas y oficinas en busca de pruebas y citar a las personas para que se apersonaran en los tribunales, a fin de que les hicieran la imputación. En su criterio, la práctica de detener para investigar es innecesaria.
Tanto la presidenta ejecutiva como los directivos y exdirectivos de la CCSS pasaron la noche en las celdas del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, a la espera de que la Fiscalía expusiera las medidas cautelares que solicita en su contra.
La salida de los Tribunales de Goicoechea, luego de que quedaran en libertad, se dio en medio de una gran cantidad de miembros de la prensa y particulares que los esperaban.
“Esto no se hizo rápido por ningún interés político”
El fiscal de Probidad, Rónald Segura, negó que haya algún interés en la celeridad con que se dieron los allanamientos tras la denuncia que presentó, el 10 de julio, el auditor interno de la CCSS, Olger Carrillo Sánchez.
“Aquí tardaron un poco más de dos meses (los allanamientos), de manera que también el pueblo tiene que entender que esto no se hizo rápido por ningún interés político, sino porque el Ministerio Público tiene que hacerlo conforme a la ley”, explicó.
El fiscal hizo un contraste con otros casos donde el accionar del Ministerio Público fue más expedito, como el del Banco Nacional, cuando ocho personas fueron detenidas el 8 de noviembre de 2023 como sospechosas de facilitar el robo de ¢3.293 millones del Banco Nacional (BNCR), el cual había sido denunciado en instancias judiciales dos semanas antes, el 23 de octubre.
“El Ministerio Público en Costa Rica representa a la ciudadanía. No representamos a ningún interés más que el de todos los costarricenses”, concluyó.
El Caso Barrenador
Las pesquisas versan sobre los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias por la adjudicación de los contratos de administración de 138 Ebáis de 10 áreas de salud de la CCSS a cinco cooperativas durante un plazo de 10 años.
El auditor de la CCSS, Ólger Sánchez, denunció el presunto sobreprecio el 10 de julio, cuatro días después de que la Junta Directiva aprobara la adjudicación a las cooperativas por 10 años por un total de ¢471.000 millones.
La Junta Directiva procedió así por recomendación de un informe que firmó, en solitario, la ahora gerenta general a. i., María de los Ángeles Gutiérrez Brenes. Criterios internos de la CCSS habían advertido que el pago es excesivo porque en los últimos cuatro años se les ha pagado a esas cooperativas, en promedio, ¢29.000 millones por año.
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