Pasadas las 11 a.m. de este martes, se inició la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y otros siete detenidos por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos a cuatro cooperativas de salud para operar 138 Ebáis durante 10 años.
Tanto la jerarca como los directivos y exdirectivos de la CCSS pasaron la noche en las celdas del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, a la espera de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) exponga las medidas cautelares que solicitará.
En la audiencia, la primera parte en tomar la palabra es el órgano acusador del Estado, el cual expone al juez penal las medidas que solicita. Luego, le corresponde el turno a la defensa.
Alejandro Marín, abogado de Isabel Camareno, sostuvo que, en caso de que el Ministerio Público no pida prisión preventiva, los investigados saldrían libres de una vez, aunque la audiencia para discutir las medidas continúe este miércoles.
En tanto, Rodrigo Araya, defensor de Jorge Porras, criticó el hecho de que la Fiscalía hubiese solicitado a un juez el arresto de los indagados. Argumentó que las autoridades judiciales pudieron allanar casas y oficinas en busca de pruebas y citar a las personas para que se apersonaran en los tribunales, a fin de que les hicieran la imputación.
En su criterio, la práctica de detener para investigar es innecesaria; alegó, además, que aún no hay una determinación de daños para el erario público en este expediente.
Las pesquisas versan sobre los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Estaba previsto que el debate comenzara a las 10:30 a. m., pero el inicio se retrasó por la ausencia de dos abogados defensores. El caso está a cargo del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Los detenidos fueron trasladados desde las celdas a la sala de juicios número 3, de forma privada y sin acceso a la prensa.
Mientras la audiencia transcurre, la FAPTA continúa este martes con los allanamientos en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS. El Ministerio Público indicó que, el lunes, se logró el decomiso de los celulares de los investigados, prueba documental y digital, así como dinero, producto de las 28 diligencias judiciales efectuadas en distintas ubicaciones.
Además de Esquivel, se investiga a los integrantes de la Junta Directiva de la CCSS que ejerció entre febrero del 2023 y julio del 2024. Entre ellos, se encuentra el exrepresentante patronal Jorge Luis Araya, actual director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep)
También, están imputados Zeirith Rojas (vicepresidente de la CCSS) y Johnny Gómez, ambos representantes patronales, así como Isabel Camareno y Jorge Porras, delegados del Estado. Este último presentó la renuncia al órgano colegiado, pero se hará efectiva a partir del 25 de setiembre.
Roberto Quirós, exdirectivo de la parte patronal, y María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de CCSS, completan la lista.
Según informó la FAPTA, la Junta Directiva de la Caja se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de los 138 Ebáis.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, indicó la Fiscalía.
Las autoridades judiciales también presumen que miembros de la Junta Directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio por la CCSS son la de Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
