EscucharEl pasado 1.° de mayo, las cuatro fracciones legislativas de oposición presentaron una agenda política común enfocada en democracia, seguridad, desarrollo social y economía.
Entre los puntos incluidos en ese acuerdo figura el respaldo a mecanismos legales para atacar las finanzas del crimen organizado mediante figuras como la extinción de dominio o los llamados capitales emergentes.
Consultados por La Nación sobre el alcance de ese compromiso y si el denominado bloque democrático impulsará una iniciativa propia, los jefes de fracción y representantes del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) coincidieron en la necesidad de dotar al Estado de herramientas para perseguir bienes y recursos vinculados a actividades ilícitas.
Sin embargo, dos fracciones de oposición advirtieron que cualquier iniciativa deberá incluir salvaguardas para evitar excesos que pongan en riesgo la propiedad privada o permitan eventuales persecuciones políticas.
El proyecto de capitales emergentes que fue archivado en 2025
La discusión ocurre luego de que, en octubre de 2025, la Asamblea Legislativa archivara el expediente 22.834, conocido popularmente como proyecto de capitales emergentes.
La iniciativa pretendía fortalecer las herramientas judiciales para perseguir bienes cuyo origen lícito no pudiera justificarse y permitir el congelamiento de recursos sospechosos de estar vinculados con actividades criminales.
Aunque el proyecto se definió en enero de 2024 como la principal prioridad dentro de un paquete de 10 iniciativas urgentes acordadas entre la Corte Suprema de Justicia y el Congreso para combatir la criminalidad, finalmente fue rechazado en segundo debate al no alcanzar los 38 votos requeridos.
La iniciativa fue sepultada por los votos del entonces oficialismo, Nueva República, el PLP, dos exdiputados independientes y la mayoría de la bancada del PUSC. En contraste, recibió el respaldo de exlegisladores del Frente Amplio, el PLN, tres independientes y el socialcristiano Horacio Alvarado.
¿Qué dicen ahora las fracciones oposición?
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, afirmó que existe un compromiso para impulsar reformas que permitan al Estado inmovilizar recursos provenientes del lavado de dinero o de enriquecimientos injustificados vinculados con actividades criminales.
“Lo importante es el compromiso de impulsar medidas legislativas en esa dirección”, señaló el legislador, quien añadió que el acuerdo no obliga a respaldar un expediente específico, sino que abre la puerta tanto a proyectos ya existentes como a nuevas iniciativas.
Una posición similar expresó el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, quien indicó que el acuerdo alcanzado entre las fracciones se concentra por ahora en definir objetivos comunes, mientras que la discusión sobre proyectos específicos vendrá en una etapa posterior.
“A nosotros nos parece muy importante definir primero la dirección, cuáles son los grandes temas de una agenda y cuál es el camino que debemos seguir para fortalecer la seguridad. Después, cuando estemos de acuerdo en esa visión, bajamos a expedientes legislativos y proyectos concretos”, señaló.
Ramírez explicó que la intención es convertir la agenda común en una herramienta de negociación política con el Gobierno y posteriormente traducir esos acuerdos en proyectos de ley concretos.
Por su parte, la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, sostuvo que las organizaciones criminales difícilmente podrán ser debilitadas si se mantiene intacta su capacidad financiera.
“Tenemos que encaminarnos a una ruta de golpear al crimen organizado ahí donde se asienta, que es en el capital”, afirmó.
No obstante, advirtió que cualquier proyecto deberá diseñarse cuidadosamente para evitar que sea utilizado por gobiernos con tendencias autoritarias para perseguir opositores políticos o detractores.
“Estos proyectos tienen que ser muy bien pensados para que no sean utilizados como una herramienta para amedrentar a opositores políticos”, agregó.
La jefa de bancada del PUSC, Abril Gordienko, también respaldó la idea de atacar las fuentes de financiamiento del narcotráfico, aunque insistió en que la legislación debe limitarse estrictamente a casos de crimen organizado.
“Jamás querríamos darle armas a nadie para que se pueda usar una figura penal para persecución política o para afectar la propiedad privada”, manifestó.
Nogui Acosta, jefe de bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), indicó que como fracción, respaldará todas las iniciativas que permitan golpear las finanzas del crimen organizado y perseguir los recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Sin embargo, indicó que “cualquier propuesta debe respetar plenamente los principios constitucionales, el derecho a la propiedad privada, el debido proceso, y la seguridad jurídica”.
Coincidencias con Laura Fernández
Las advertencias de las fracciones del PUSC, CAC y el PPSO, coinciden con la posición expresada por la presidenta Laura Fernández tras ganar las elecciones del pasado 2 de febrero.
En aquel momento, la mandataria aseguró que respalda una lucha frontal contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado, pero advirtió que cualquier iniciativa debe respetar la propiedad privada y las libertades individuales.
“No por combatir el narcotráfico y el crimen organizado nosotros podemos desproteger una de las cosas más sagradas que tienen los costarricenses, que es su propiedad”, afirmó Fernández.
La Presidenta agregó que el tema puede retomarse mediante un texto “equilibrado”, siempre que no se utilice para perseguir a ciudadanos ajenos a actividades ilícitas ni se ponga “en entredicho la libertad y el manejo de la propiedad privada de los costarricenses”.
