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El subsidio de combustibles que reciben los pescadores podría estar sujeto a mayores controles, tras el dictamen afirmativo de un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.
Los diputados avalaron, de manera unánime, una propuesta de la diputada independiente Kattia Cambronero, cuya finalidad es evitar que el beneficio dado a los pescadores se desvíe hacia actividades ilícitas, como el narcotráfico y el crimen organizado.
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La iniciativa obliga al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a implementar un sistema digital que utilice un medio de pago electrónico para controlar los saldos asignados a cada pescador.
Para ello, habilita al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a transferir al Incopesca ¢1.000.000.000 para financiar la transición a un proceso digital y la puesta en marcha del pago electrónico.
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“En este momento, Incopesca tiene un proceso manual, con entrega de boletas físicas y controles estadísticos manuales, y eso genera muchísimo descontrol en el proceso”, argumentó Cambronero ante la comisión legislativa.
Desde hace 30 años, Incopesca exonera del pago de impuestos al diésel y la gasolina regular a los pescadores que tienen una licencia de pesca comercial o turística activa.
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Si bien ese beneficio busca apoyar al sector pesquero y el desarrollo en las zonas costeras, lo cierto es que ha sido aprovechado por personas supuestamente vinculadas con el trasiego de drogas, el robo de combustible y la pesca ilegal.
Este es el caso de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, sobre quien pesa una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos para que enfrente en ese país cargos por supuesto tráfico internacional de drogas.
En diciembre de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la falta de mecanismos de control en el uso del combustible por parte de Incopesca genera el riesgo de que este sea desviado hacia actividades ilícitas.
En vista de este contexto, Cambronero defendió la relevancia del proyecto no solo como una herramienta para ordenar el sector pesquero, sino también como una medida de seguridad nacional.
La diputada hizo un llamado al presidente Rodrigo Chaves para que convoque la iniciativa durante el periodo de sesiones extraordinarias —de noviembre a enero—, cuando la agenda legislativa está bajo control del Poder Ejecutivo.
