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El departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa rechazó la pretensión de Fabricio Alvarado, diputado y excandidato presidencial de Nueva República (PNR), de declarar incompetente a la comisión que especial que lo investiga por presuntamente agredir sexualmente a la excongresista y actual asesora legislativa Marulin Azofeifa.
Alvarado buscaba que se frenara la investigación administrativa en el seno del Congreso, porque el caso también fue judicializado por Azofeifa.
Sin embargo, esa dependencia concluyó que ambos procesos se pueden llevar acabo en simultáneo, sin ningún inconveniente.
“Al interponerse denuncia en vía judicial, luego de haber interpuesto denuncia en la vía administrativa-legislativa, no se configura una incompetencia sobreviniente sobre el procedimiento legislativo que se sigue por acoso sexual en la Comisión especial investigadora bajo el expediente legislativo N.° 25.400.
″No son incompatibles ambos procesos legislativo y judicial, de manera que se pueden tramitar en forma simultánea, sin que se genere violación alguna al ejercicio de los derechos de defensa y el derecho al debido proceso de las partes", concluyó Freddy Camacho Ortiz, gerente del departamento de Asesoría Legal del Congreso.
Así consta en un oficio enviado (N.° AL-DALE-PRO-0038-2026), este lunes, al jefe del Área de Comisiones Legislativas, Arturo Aguilar Cascante, del cual La Nación tiene copia.
Azofeifa denunció los hechos primero, el 4 de febrero, ante la Asamblea Legislativa, donde dijo que sufrió violencia política, acoso laboral, abuso de poder, acoso sexual y abuso sexual. Ese es el procedimiento que Alvarado quería frenar porque posteriormente, el pasado 9 de marzo, ella presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General por supuestos delitos sexuales.
En ambos casos, Marulin Azofeifa es defendida por la también exdiputada y expresidenta del Congreso, Carolina Hidalgo. Mientras que en el caso penal, el cual se tramita bajo el expediente N.° 26-000026-0033-PE, además de Hidalgo, cuenta con la asesoría legal del abogado penalista David Delgado.
Azofeifa ha sido enfática al asegurar que tiene pruebas para demostrar lo que está denunciando e incluso, que ya cuenta con algunos testigos.
Criterios de la Sala Constitucional
El gerente de la Asesoría Legal descartó la pretensión de Alvarado de anular el proceso administrativo con base en el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas y en jurisprudencia de la Sala Constitucional.
“Resulta claro concluir que la labor de las comisiones legislativas, en general, y de las comisiones investigadoras, en particular, no tiene ningún tipo de relación con los procesos judiciales que se instruyan, y que, como se indicó en la resolución N.° 603-99 de previa cita, su tramitación se realiza, “sin perjuicio de la obligación que todo ciudadano tiene de denunciar, ante el Ministerio Público, hechos que constituyan delito, en caso de que no estuvieren siendo ya juzgados”, insistió Camacho.
“Las vías administrativa y penal resultan autónomas entre sí y no conllevan una incompetencia sobreviniente, cuando se opta por presentar una denuncia en vía judicial, pese a que previamente la misma denuncia haya sido presentada en vía administrativa”, agregó.
