El plenario de la Asamblea Legislativa conoció este martes la carta enviada por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, en la que notifica su decisión de renunciar a la inmunidad para enfrentar una acusación por los presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica.
La nota fue leída en su totalidad durante la sesión legislativa por el secretario del Directorio, Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Posteriorme, la presidenta en ejercicio del Congreso, Vanessa Castro, ordenó remitir la misiva a la Corte Plena para que siga adelante con el proceso judicial, al no ser necesario poner en marcha el trámite especial de retiro de inmunidad para los integrantes de los supremos poderes.
Campos envió la carta al Congreso luego de que la Corte Plena acordara el lunes enviar a la Asamblea Legislativa la solicitud de la Fiscalía General para levantar la inmunidad al integrante del Poder Ejecutivo. A favor votaron 17 magistrados, mientras que cinco lo hicieron en contra.
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Las supuestas acciones que se le endilgan al jerarca se habrían cometido previo a que formara parte del gobierno de Rodrigo Chaves, en mayo del 2022. Las presuntas transgresiones se habrían cometido cuando era subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Campos afirmó en su carta al Congreso, que tomaba la decisión irrevocable de renunciar a la inmunidad, con el fin de “garantizar la más amplia transparencia y el pleno desarrollo de las audiencias que corresponde celebrar ante la Sala de Casación Penal”
“De este modo, confío en que se coadyuvará al pronto esclarecimiento de los hechos y al imperio de la justicia”, agregó el jerarca.
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Sin proceso especial
Dado que Campos decidió renunciar a su fuero, la Asamblea Legislativa no tuvo que activar el procedimiento especial, que establece la legislación nacional para levantar la inmunidad a los miembros de los supremos poderes.
Ese proceso contempla la conformación de una comisión ad hoc, integrada por tres diputados, encargada de revisar el expediente y analizar los argumentos presentados tanto por la Fiscalía General como por la defensa del ministro.
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Posteriormente, dicha comisión debe presentar un informe no vinculante al Plenario, con base en el cual los legisladores decidirían si procede levantar la inmunidad. Para aprobar esa medida, se requeriría el voto favorable de al menos 38 diputados.
9 años después
La causa contra el ministro se abrió en el 2016 y obedece a un presunto cobro excesivo de viáticos por parte de él y de quien era su guardaespaldas, un funcionario de apellido Jara, así como un pago desmedido de horas extra al custodio.
La investigación judicial, según publicaciones de CRHoy.com, reveló que el guardaespaldas cobró ¢5,8 millones en horas extra de abril del 2016 a enero del 2017, mientras que devengó ¢800.000 en viáticos.
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Gerald Campos, por su parte, habría cobrado ¢900.000 en viáticos.
Además, la pesquisa señalaba la aparente inserción de datos falsos en las hojas de liquidación de gastos de viaje realizados en el interior del país, en los rubros de desayunos, almuerzos o cenas.
