EscucharGerald Campos, ministro de Justicia y Paz, renunció la tarde del lunes a su inmunidad, con el fin de enfrentar una acusación por los presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica.
Así lo informó el mismo Campos en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.
La nota fue firmada por el jerarca a las 6 p. m., según consta en el documento, apenas 20 minutos después de que la Corte Plena informara que los magistrados acordaron remitir al Congreso la solicitud de la Fiscalía General para levantar la inmunidad a Campos.
17 magistrados votaron a favor de remitir el expediente a Cuesta de Moras, mientras que cinco se pronunciaron en contra.
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“En aras de garantizar la más amplia transparencia y el pleno desarrollo de las audiencias que corresponde celebrar ante la Sala de Casación Penal, pongo a disposición de esta Asamblea mi decisión irrevocable de renunciar a la inmunidad procesal que pudiera ostentar. De este modo, confío en que se coadyuvará al pronto esclarecimiento de los hechos y al imperio de la justicia”, manifestó Campos en la misiva.
Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), confirmó a La Nación el envío de la nota al presidente legislativo.
El caso contra Campos
Inicialmente, la solicitud de apertura de debate había sido remitida al Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José.
Cuando Campos asumió el cargo de ministro, el procedimiento pasó a la Fiscalía General, para que se siguiera un procedimiento especial por tratarse de un miembro de los supremos poderes.
Según había publicado el medio CRHoy.com, la causa contra el ministro se abrió en el 2016 y obedece a un presunto cobro excesivo de viáticos por parte de él y de quien era su guardaespaldas, un funcionario de apellido Jara, así como un pago desmedido de horas extra al custodio.
La investigación judicial, detalló el medio, reveló que el guardaespaldas cobró ¢5,8 millones en horas extra de abril del 2016 a enero del 2017, mientras que devengó ¢800.000 en viáticos.
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Gerald Campos, por su parte, habría cobrado ¢900.000 en viáticos.
Además, la pesquisa señalaba la aparente inserción de datos falsos en las hojas de liquidación de gastos de viaje realizados en el interior del país, en los rubros de desayunos, almuerzos o cenas.
Según el Código Penal, el peculado lo comete el funcionario público que sustrae o distrae dinero, o bienes del erario público, cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.
