Calzada señaló a Dobles que, pese a que la ley se planteó como necesaria para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y dar estabilidad a Costa Rica, actualmente se observa un debilitamiento del diálogo social y una mayor conflictividad entre los trabajadores que “sienten que perdieron una herramienta histórica de defensa”.
En setiembre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó, con 40 votos a favor y 15 en contra, la Ley para Brindar Seguridad Jurídica a las Huelgas y sus Procedimientos (Ley n.° 9808). Nueve de los votos favorables provinieron de la bancada del PAC y solo una diputada de ese partido votó en contra.
En el debate, Calzada cuestionó a Dobles si consideraba que la limitación del derecho a huelga ayudó realmente a mejorar la vida y la estabilidad de las personas.
Dobles respondió que las leyes son aprobadas en la Asamblea Legislativa y responden “a un contexto, a un momento y a un panorama histórico dado”. No obstante, afirmó que la ley de huelgas implica una limitación y señaló que su agrupación está dispuesta a revisarla.
A esto Calzada respondió que Alvarado habría tenido la posibilidad de vetar la ley en su calidad de presidente, cosa que no sucedió.
Por su parte, el candidato David Hernández también cuestionó a Dobles por decisiones adoptadas durante el último gobierno del PAC.
Según Hernández, en esa administración se impulsaron medidas que afectaron a los trabajadores, como la Ley de Empleo Público y la limitación del derecho constitucional a huelga mediante la llamada “ley antihuelgas”.
Dobles respondió que su propuesta plantea trabajar de la mano con el sector público y también revisar los reglamentos de la Ley de Empleo Público, además de elaborar un plan para cerrar las brechas salariales.
“Ley antihuelgas”
En 2019, la ley para asegurar la prestación de servicios esenciales se impulsó con el objetivo de prevenir excesos en la organización de huelgas sin lesionar ese derecho fundamental. La iniciativa surgió tras los hechos ocurridos durante los 93 días de huelga contra la reforma fiscal en 2018.
La extensión de aquella protesta provocó severas afectaciones en la prestación de servicios en centros médicos, escuelas, colegios y universidades, así como en la distribución de combustibles, juicios, audiencias y otros procesos judiciales. Además, se interrumpió el paso por importantes rutas nacionales.
