Álvaro Ramos, candidato del PLN, había tenido una diferencia de criterios con el alcalde de San Carlos por la minería en Crucitas. Este último dijo que no podía apoyar al aspirante de su partido. (Alonso Tenorio/Atenorio)
El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, presentó una nueva propuesta sobre la minería de oro en Crucitas después de haber chocado, por este tema, con el alcalde de San Carlos, el liberacionista Juan Diego González.
El 4 de noviembre, Ramos afirmó que se oponía a la minería a cielo abierto y que solo permitiría modalidades artesanales como las de Las Juntas de Abangares, mientras que el alcalde aboga por el plan que permitiría subastar una concesión a cielo abierto.
Ahora, Ramos plantea un giro: propone que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) compre el oro que se recupere únicamente en procesos de remediación ambiental y que el yacimiento completo sea digitalizado como un activo financiero sostenible, sin reactivar la minería a cielo abierto ni otorgar nuevas concesiones.
Semanas atrás, Juan Diego González acusó al candidato verdiblanco de “darle la espalda” a las comunidades fronterizas, de carecer de sustento técnico y de desconocer las condiciones reales de la zona norte. González dijo que el tema de Crucitas era “innegociable” y que no podía apoyar a un candidato con esa posición, pese a militar en el mismo partido, el PLN.
Según Álvaro Ramos, en Crucitas hay un yacimiento probado de 700.000 onzas de oro y una reserva hipotética que podría alcanzar 2 millones de onzas, con un valor potencial cercano a los $2.800 millones. Según dijo, esa riqueza hoy termina “en manos de la minería ilegal y del contrabando hacia Nicaragua”, mientras las comunidades de la zona norte asumen los costos ambientales y sociales.
La propuesta establece que el Banco Central compre el oro a precios internacionales, únicamente si proviene de procesos de recuperación de lodos contaminados.
El objetivo, según Ramos, es fortalecer las reservas monetarias, frenar el contrabando y generar empleo formal vinculando la restauración ambiental con oportunidades económicas locales. Las compras se harían a cooperativas u organizaciones formales de mineros, con prioridad para habitantes de la zona norte.
La minería se ejerce de forma ilegal en Crucitas, actualmente. (Marvin Caravaca)
Además, plantea registrar el valor del yacimiento no explotado como un "activo ambiental del Estado", “que respalde emisiones de instrumentos financieros verdes basados precisamente en la no extracción del oro”. Los fondos obtenidos −aseguró− se destinarían a infraestructura, servicios públicos, seguridad ciudadana y proyectos productivos sostenibles para la región.
“La riqueza de Crucitas debe quedarse en Costa Rica. Podemos generar desarrollo sin destruir la naturaleza”, afirmó Ramos.
El giro de Ramos contrasta con el debate legislativo actual: el Congreso tramita un proyecto del Ejecutivo para autorizar minería a cielo abierto en Crucitas mediante un esquema de exploración y posterior subasta de la concesión. Fue precisamente ese proyecto el que generó el choque previo entre el candidato del PLN y el alcalde sancarleño.
El plan ha sido objetado por la bancada del Frente Amplio en el Congreso. Los frenteamplistas alegan que la minería a cielo abierto no debe permitirse y que el texto no establece responsabilidades claras para el Poder Ejecutivo.
La Nación remitió consultas a la campaña de Ramos.
