Al respecto, el jefe de bancada verdiblanco, Álvaro Ramírez, sostuvo que la responsabilidad por la falta de nombramientos recae en el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), al asegurar que esa agrupación bloqueó en reiteradas ocasiones las votaciones en el Plenario Legislativo.
Ramírez afirmó que el oficialismo impidió de forma reiterada la designación de los magistrados suplentes y señaló que la decisión de la Sala Constitucional permitió restablecer el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional.
El legislador también cuestionó las afirmaciones de la presidenta Laura Fernández, quien calificó el fallo como un “golpe de Estado”.
“En una democracia, hacer cumplir la Constitución jamás puede ser considerado un golpe de Estado. Es justamente lo que evita que ocurra uno”, expresó.
Además, sostuvo que el intento de impedir el funcionamiento de la Sala Constitucional constituye una afectación al acceso de los ciudadanos a la justicia.
Bloqueo del oficialismo
La Asamblea Legislativa ha fracasado en 11 rondas de votación para completar la designación de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En todas ellas, la bancada oficialista se ha negado a respaldar a los candidatos, lo que ha impedido alcanzar los 38 votos requeridos para efectuar los nombramientos.
El Congreso devolvió dos veces la nómina. La primera vez ocurrió el 10 de junio, cuando el PPSO aprobó una moción de orden con ese fin. Un mes después, el 15 de julio, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, reiteró esa decisión.
Tras la primera devolución, la Corte Plena acordó devolver intacta a los diputados la nómina al argumentar que no se brindó un motivo para rechazar el listado.
Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional emitió el jueves 30 de julio una sentencia con la que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes cuyo período venció en diciembre de 2025, hasta que la Asamblea Legislativa designe a sus sustitutos.
La decisión respondió a un recurso de amparo presentado contra el Congreso y busca evitar la paralización del Tribunal en aquellos casos en que magistrados propietarios deban inhibirse. Según informó la propia Sala, la ausencia de suplentes mantenía paralizados 123 expedientes, incluidos casos relacionados con pensiones y salud.
El fallo también ordenó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, o a quien ocupe ese cargo, someter la nómina de candidatos al conocimiento del Plenario “en la próxima oportunidad posible”, conforme a los parámetros establecidos en la resolución.
La sentencia fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra tres. Votaron a favor Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess Herrera. Salvaron el voto Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro.
