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Alcaldes e intendentes de los ocho cantones de Cartago crearon un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana con el objetivo de enfrentar la crisis de criminalidad que afecta a la provincia.
Hasta este 19 de marzo, Cartago contabiliza 22 homicidios, el doble de los registrados en el mismo periodo del 2025, año en el que se registaron 10. La cifra alarma, por la violencia que golpea al cantón central, Oreamuno y Paraíso y porque muchos de estos sucesos son derivados de las disputas entre grupos delincuenciales.
Ante este panorama, el pasado 12 de marzo, Mario Redondo, alcalde del cantón central de Cartago; Carlos Hidalgo, de Turrialba; Erick Jiménez, de Oreamuno; Michaell Álvarez, de Paraíso; y Cristian Torres, de La Unión, entre otros jerarcas municipales, se reunieron en la Municipalidad de Cartago junto al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
En el encuentro también participaron representantes de la Policía de Control de Drogas (PCD); el fiscal adjunto del Ministerio Público, Jofrey Salas; y representantes regionales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública, Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La situación en la provincia brumosa no es violencia al azar, según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, ya que en este periodo han detectado una reconfiguración del mapa criminal brumoso.
Un bloque opositor, identificado por Soto como “la Alianza”—conformada por bandas conocidas como Los Chacales, Los Gordos y Los Gery— que está en pugna por el control territorial frente a la organización hegemónica de la zona: Los Marujas.
Ante tal panorama, Mario Redondo indicó que en la reunión se acordó articular esfuerzos interinstitucionales para combatir la criminalidad. Además, aprobar un manifiesto en el que solicitaron al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República avanzar hacia un acuerdo nacional y una política de seguridad que incluya componentes de prevención.
“Nos parece que en este momento lo peor que podemos hacer es trabajar separados. Lo más adecuado es que trabajemos unidos porque el enemigo es bastante poderoso económicamente y tiene muchas facilidades”, indicó el jerarca municipal.
Asimismo, pidieron dotar a las fuerzas policiales de los recursos y herramientas necesarias para desempeñar su labor, así como modernizar las leyes vigentes en la materia, debido a los vacíos existentes. Entre ellos mencionaron el abordaje de estructuras para la venta de drugas, mejor conocidas como búnkeres.
Redondo añadió que también solicitaron integrar a las policías municipales al sistema 9-1-1, así como reformar el Código Municipal para que los gobiernos locales puedan otorgar becas deportivas y culturales como parte de las estrategias de prevención.
Creación del Consejo Provincial
Uno de los acuerdos principales del encuentro fue la creación de un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, que tendría como objetivo reunirse una vez por semana para abordar los problemas de criminalidad que enfrentan.
El alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, indicó en el programa radiofónico Nuestra Voz que la iniciativa solo será útil si se traduce en acciones concretas en tanto se materialicen y no solo sea “ir a hablar, pues yo no iría”.
“Si se va a crear un consejo para solo hablar, no sirve. Yo creo que las políticas de seguridad nacionales, como Costa Rica Segura Plus, se deben regionalizar y tropicalizarlas a los cantones”, señaló.
Entre las propuestas planteadas por Hidalgo figura la creación de un sistema provincial de videovigilancia inteligente, que permita desarrollar un patrullaje focalizado.
Según explicó, la idea es centralizar las cámaras inteligentes que ya tienen algunas municipalidades en un centro provincial de monitoreo, ubicado en puntos estratégicos y enfocado en zonas con mayor incidencia delictiva, como paradas de buses, entradas y salidas de cantones y centros comerciales.
Por su parte, el alcalde de La Unión, Cristian Torres, señaló que la iniciativa puede ser positiva siempre que tenga objetivos claros y permita coordinar acciones entre las instituciones.
Comentó tampoco estar de acuerdo en que sea un “espacio solo para hablar”. “Me gustó mucho porque todas las instituciones que estaban ahí estaban anuentes para trabajar en conjunto”, indicó.
La Nación consultó a los alcaldes Erick Jiménez, de Oreamuno, y Michaell Álvarez, de Paraíso, sobre su postura respecto al consejo y los temas que proponen a desarrollar sus municipalidades. No obstante, al cierre de edición no se había recibido respuesta.
Conflicto geográfico en la provincia
El conflicto geográfico en Cartago, que genera millones de colones al día en venta de drogas, es la causa del baño de sangre en la primera capital que tuvo el país.
La disputa se centra en el control del narcomenudeo a lo largo de la zona conocida como el Dique, que tiene una extensión de 10 kilómetros, atraviesa Cartago y divide a la provincia en dos desde el punto de vista criminal.
De hecho, en diversas ocasiones, Mario Redondo ha planteado la necesidad de desalojar las construcciones ubicadas en esa localidad, al considerar que el sitio enfrenta problemas de seguridad, riesgos sanitarios y presión sobre los servicios públicos.
Esa propuesta provocó que el jerarca municipal fuera supuestamente amenazado de muerte por su intención de desalojar Los Diques. El 13 de marzo, Redondo presentó una denuncia ante la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según confirmó a La Nación la oficina de prensa de esa institución.
Según una fuente cercana al caso, el OIJ recibió información confidencial sobre un supuesto plan de un grupo criminal para atentar contra la vida de Redondo, cuyos integrantes estarían molestos por el anuncio del posible desalojo en Los Diques.
