
Claudia Blanco Matamoros, abogada y asesora de la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), calificó de “cuentos” la afirmación hecha por su jefa, la jerarca del Inamu Yerlin Zúñiga, sobre las supuestas 14 mujeres que tendrían temor de denunciar al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por presuntos delitos sexuales.
El 29 de octubre, en Casa Presidencial y junto al presidente Rodrigo Chaves, la presidenta del Instituto de las Mujeres afirmó: “Según un medio de comunicación, son 14 víctimas que tienen temor de denunciar al señor director del OIJ”.
No obstante, este jueves en la Asamblea Legislativa, la abogada Claudia Blanco declaró bajo juramento: “Eso son, como estaba diciendo ahora la señora presidenta, son cuentos. Eso es lo que llegan a decir, pero en realidad de eso no hay certeza”.
Blanco fue convocada a una comparecencia en la Comisión Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, para referirse a los presuntos ofrecimientos hechos por el Inamu a una mujer, en Turrialba, para que firmara una denuncia contra el director del OIJ, que ya le llevaban redactada.
La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, le preguntó si las 14 mujeres mencionadas por la presidenta del Inamu se habían presentado ante el instituto a interponer la denuncia. Fue en ese momento, en que calificó lo dicho de “cuentos”.
Tanto Blanco como Zúñiga fueron convocadas. Sin embargo, en esta primera sesión solo declaró Blanco, ya que, la comparecencia de la presidenta del Inamu será este jueves 13 de noviembre a las 6:05 p.m.
Al inicio de la comparecencia, la abogada indicó que se abstendría de declarar debido a que figura en una denuncia. Sin embargo, ante las consultas de los diputados sobre si en ese expediente aparecía como imputada o testigo, Blanco afirmó que aún no conocía esos detalles.
Los legisladores solicitaron el criterio de Servicios Técnicos. La instancia que explicó que el derecho de abstención aplica únicamente cuando la respuesta del testigo pueda generarle responsabilidad penal, exista o no un proceso en curso.
También señalaron que la abstención general desde el inicio “no es procedente”, pues impediría que diputadas y diputados ejerzan su deber de control político.
Por ello, indicaron que los legisladores tienen pleno derecho a formular todas las preguntas que consideren pertinentes y que, ante cada una, la compareciente debe analizar si responder podría comprometerla penalmente.
Si no existe ese riesgo, añadieron, la persona está en la obligación de contestar; de lo contrario, se configuraría un abuso del derecho.
Caso Randall Zúñiga
El Ministerio Público recibió, el 31 de octubre, una denuncia de una mujer que aseguró que dos funcionarias de gobierno la abordaron y le ofrecieron presuntos beneficios a cambio de firmar una denuncia contra Randall Zúñiga por supuestos delitos sexuales.
Esa denunciante aseguró que las funcionarias eran Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, y Claudia Blanco, abogada de la institución. Según su reclamo, ellas le dieron la denuncia ya redactada, lista para firmar.
Presuntamente, Zúñiga y Blanco le habrían ofrecido ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) e, incluso, pagarle sus estudios universitarios de Derecho.
El ofrecimiento habría sucedido en la casa de la mujer, en Turrialba, y se habría dado en medio de las denuncias presentadas contra Zúñiga por presunta violación y contagio venéreo. Esas denuncias le valieron al director del OIJ la suspensión del cargo por 15 días hábiles mientras se realiza un procedimiento administrativo.
