EscucharSería imposible negar que la casa está en llamas, empezando por el compañero del taxi que me contó, aún con temblor en la voz, sobre los “dos muchachillos” que lo bajaron en la montaña, encañonado, y lo obligaron a arrodillarse para robarle el carro.
En el chat de vecinos, nos llegan mensajes de que están asaltando a dos cuadras, y una de las vecinas dice acongojada que justo ahí se baja del bus su hijo cuando regresa del colegio.
Una madre, en su dolor, se vuelve líder y organizadora para que se dé seguimiento a la búsqueda de los restos de su hija, porque no recibe respuesta de los cuerpos policiales.
No son excepciones anecdóticas. La tasa de homicidios de enero del 2023 genera escalofríos y el incremento de denuncias por violencia en centros educativos ya nos tenía en alerta en el último año. Sí, toda iniciativa que signifique coordinaciones en materia de seguridad merece apoyo y respeto, porque urge.
Hay un pero. Como población, estamos ante la seductora noción de que la solución estará solo en políticas más represivas: en el encarcelamiento y la mano dura. Eso me preocupa. Es comprensible. Ante el daño y la violencia, toda sensación de impunidad es una bofetada en la cara, una revictimización a quien sufrió el daño directo y a la población como un todo.
Aun así, resulta contraintuitivo, pero dolorosamente cierto, que llenar las cárceles no genera seguridad ni a largo ni a mediano plazo. Es entrar en un juego de control, pero de pocas soluciones sostenibles. Está claro que tener más gente en la cárcel daría para hacer reportes, para decir que estamos teniendo éxito, que nos estamos “deshaciendo del problema”.
Y también es tentador pensar que políticas y leyes costarricenses —como la ley penal juvenil o todo el sistema de sanciones alternas— están siendo muy permisivas, que deben reformarse porque son la causa de que “estemos como estamos”.
Qué paradójico sería reconocer que estos recursos posiblemente son, en realidad, las últimas líneas de contención que han protegido a Costa Rica de entrar en espirales de violencia como las que enfrentan Honduras o El Salvador. ¿Cómo han resultado las políticas de mano dura o de garrote en otras latitudes?
¿Sería impensable reconocer, entonces, que la razón de la inseguridad no está en las legislaciones humanistas de nuestro país, sino en el incremento exponencial de la desigualdad? ¿En el acelerado rechazo al estado benefactor? Voy por partes, y me enfocaré en el ámbito juvenil, que es el que conozco.
La investigación demuestra a escala internacional que hay un vínculo directo entre el abandono escolar e involucrarse con conductas delictivas. No debería extrañarnos, la hora antes del delito es esa situación juvenil de adolescentes cuyo sistema nervioso que aún no madura, en condiciones de privaciones sociales y culturales significativas, en los que el consumo de sustancias está presente desde edades muy tempranas y el único sentido de pertenencia posible es con grupos que ya están involucrados en conducta antisocial.
Sumemos que están solos, quienes los cuidan trabajan jornadas larguísimas y no están presentes en las vidas de estos niños y de estas niñas y que también vienen de largas historias de violencia. Es caldo de cultivo para el reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado.
Responder a estas situaciones es complejo porque requiere respuestas integrales, de no criminalizar la pobreza y de coordinar entre instituciones, lo cual resulta agotador. Sí, hay un lugar para la policía y para el sistema judicial, pero también hay lugares fundamentales que deben ocupar primero los centros educativos, estrategias para la retención escolar, coordinaciones escuelas-familias antes de que los incidentes escalen y se judicialicen, fomentar más apoyo a las familias organizadas, robustecer la ayuda estatal, animar estrategias de protección desde las comunidades de fe, volver la mirada a las redes de apoyo… ¿Existen redes de apoyo en las comunidades que enfrentan las situaciones de mayor vulnerabilidad? No podemos comenzar por “policías de la niñez” si antes no damos oportunidades a la niñez y a la comunidad educativa para cultivar ambientes sanos de oportunidades.
Una política de seguridad orientada únicamente al control, la represión y el castigo no nos dará la seguridad que necesitamos, aunque sea muy popular por momentos. Es una crónica de una decepción anunciada que obedece a la cultura individualista del “sálvese quien pueda” y de mirar a ciertos grupos de jóvenes como “el problema”, como si fueran descartables.
La esperanza en materia de seguridad está en la combinación entre solidaridad radical y acciones comunitarias; en regresar al estado benefactor que reconoce que la totalidad de la ciudadanía está interconectada. Esto no es muy atractivo y no da para ofrecer trofeos a quienes están arriba.
Así como quisiéramos evitar la dieta sana y el ejercicio físico con remedios mágicos para bajar de peso, en seguridad quisiéramos tapar el problema al ejercer poder y control irreflexivos. Pero el camino es más largo: está en la coordinación compleja, en el trabajo educativo y ciudadano que requiere paciencia, lucidez y volver a creer en un modelo de sociedad que no deje a nadie atrás.
La autora es profesora en la UCR y consultora.
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