El sistema educativo afronta uno de los desafíos más significativos de su historia. El deterioro acumulado, sumado al “apagón”, desencadenó una crisis peligrosamente próxima al colapso que afectará a este campo y al futuro del país.
El reciente Informe del Estado de la Educación dibuja la dimensión de la crisis. Comienza por subrayar cómo los estudiantes pasan de grado arrastrando brechas notables de aprendizaje.
En este momento, los conocimientos y las habilidades de un grupo de estudiantes no concuerdan con su grado escolar. Cuando esto sucede, el proceso educativo se vuelve aún más desafiante.
Los conceptos avanzados se erigen sobre una base sólida de conocimientos previos. Si el fundamento es defectuoso, el alumnado se encontrará con dificultades persistentes. Esto obstaculiza sus oportunidades futuras y puede minar su motivación para aprender y su imagen de sí mismos.
La realidad la agravan los desafíos históricos que afectan al sistema educativo. Tenemos escuelas sin bibliotecas, internet, agua o baños funcionales, donde solo en el 9 % se ofrece el currículo completo.
Aunque hay notable progreso en cobertura, como país estamos profundizando desigualdades en cuanto a la calidad de la educación. Cuando una porción significativa de la gente carece de acceso a una educación de buena calidad, se perpetúa la desigualdad en oportunidades y, consecuentemente, se socavan los cimientos de una sociedad justa y equitativa.
La desigualdad de oportunidades afecta de forma individual y tiene consecuencias más amplias para la paz social y la democracia. No es casualidad que estemos leyendo un informe tan alarmante sobre el estado de la educación en un momento marcado por violencia sin precedentes, incluso dentro de los centros educativos.
Las limitadas posibilidades de recibir una educación adecuada provocan descontento y frustración entre quienes quedan excluidos. Una consecuencia es una mayor acentuación de la polarización y el enojo, lo que mina la cohesión social y debilita el entramado democrático.
La situación demanda una reflexión inaplazable sobre las soluciones. Para hacer frente a la crisis, es imperativo que las autoridades educativas, junto con la sociedad, tomen medidas eficaces.
Es vital destinar los recursos establecidos constitucionalmente a la educación para la mejora de la infraestructura escolar, para tomar acciones de nivelación urgentes en todos los grados y apoyar la gestión pedagógica.
Es esencial establecer un modelo de evaluación sistemática que proporcione perfiles precisos del estudiantado y mecanismos de retroalimentación en todos los niveles del sistema educativo.
Requerimos un sistema de evaluación sólido para medir el progreso y la eficacia de las acciones, que permita a los actores del sistema educativo entender cómo mejorar su gestión.
La educación merece atención urgente y enfocada en la búsqueda de soluciones. Superar la crisis exige la colaboración de la totalidad de los involucrados en la educación, desde las autoridades gubernamentales, incluida la Asamblea Legislativa, hasta la sociedad en su conjunto.
Permitir que el tiempo transcurra sin tomar medidas sería una decisión sin sentido y llevaría al colapso del sistema educativo. Es hora de unirnos y trabajar incansablemente para transformar el sistema en uno equitativo en cuanto a calidad.
Reformar la educación beneficiará a los niños y las niñas directamente y sentará las bases para un futuro más próspero y prometedor para el país.
Andrea González Yamuni, directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Tabush, es máster en Políticas Públicas, Género y Desigualdad por la London School of Economics.