Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/AY6IFPU7XBCONJLDF54GRKSXYQ.jpg)
(Pablo Montiel.)
Con los votos de los diputados del Partido Restauración Nacional y Nueva República, la comisión de asuntos agropecuarios aprobó recomendar al plenario resellar la ley que reactivaría la pesca de arrastre, actitud a todas luces demagógica, pues el resello precisa 38 votos imposibles de lograr.
La posición es electorera y populista. Los promotores lo que persiguen es ganar simpatías y sufragios de empresarios, pescadores, familias y comunidades perjudicados por el veto a la «Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica».
No es justo jugar con la angustia e incertidumbre de las personas dándoles falsas expectativas. Lo conveniente es exigir a las autoridades planificar una investigación con técnicas y métodos nuevos que contribuyan a una pesca responsable y sustentable. Una nueva pesca de arrastre, no más la de antes.
La Sala Constitucional, en la sentencia del 7 de agosto del 2013, ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no otorgar nuevas licencias para la pesca de camarones con red de arrastre ni renovar las que entonces estuvieran vigentes.
LEA MÁS: Científicos piden a diputados archivar proyecto que resucitaría pesca de arrastre
Los magistrados consideraron que la técnica causa serios daños al ambiente marino a consecuencia de la cantidad de fauna que incidentalmente es capturada y no se utiliza, lo que perjudica a los pescadores artesanales.
En la sentencia, los jueces señalaron que esas licencias podían reinstaurarse en el futuro mediante una reforma legal, y lo condicionó a que, con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demostrara una reducción significativa de la captura incidental que fuera compatible con un desarrollo sostenible democrático.
Basados en una investigación efectuada por el Incopesca —que evaluó los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento en la pesquería de camarón pinky y fidel, utilizando una nueva red diseñada localmente y acondicionada con dispositivos excluidores de peces y tortugas— los legisladores aprobaron la ley en octubre del 2020.
Cabe destacar que el trámite en segundo debate fue posterior a la consulta facultativa que se le hizo a la Sala Constitucional, instancia que no encontró roces con nuestra carta magna y aceptó tácitamente que esta cumplía las exigencias de su sentencia del 2013.
Pese a ello, el Poder Ejecutivo formuló un veto total a la ley aduciendo, entre otras cosas, que la investigación realizada era «aún insuficiente» y no era sostenible presumir que con tal estudio existía un elemento consolidado para la reinstauración de la pesca de arrastre.
En el debate público sobre esta ley, el trabajo del área de investigación del Incopesca fue cuestionado por ambientalistas y la academia, lo que tuvo una gran influencia en la decisión del Poder Ejecutivo.
Creo que si la investigación hecha en escasos tres meses y en una pequeña zona marina demostró que con nuevas técnicas o dispositivos es posible una reducción significativa de la captura incidental, lo prudente es que ese estudio se amplíe de acuerdo con las consideraciones de quienes lo califican de insuficiente y con el objetivo de corroborar sus resultados.
No es lógico prohibir una actividad que nos obliga a importar productos de países que utilizan el mismo arte de pesca y que bien regulado es factible minimizar el impacto ambiental y generar riqueza al país y bienestar a los habitantes de nuestras zonas costeras.
Concuerdo con la opinión expresada por Armando González, director de este medio, en su columna del 29 de mayo, en la que afirma que «la pesca de arrastre, como se venía practicando, es inadmisible» y que «con la condena de los métodos nocivos debe venir la sugerencia de otros, aptos para conservar los mares y también el sustento de los pescadores y sus servicios auxiliares».
Por experiencia propia sé lo difícil que es armonizar las perspectivas de los ambientalistas con las de los pescadores, sobre todo cuando los primeros, en no pocas ocasiones, radicalizan sus posiciones y priorizan la conservación por sobre el uso sostenible, o cuando los segundos anteponen su expectativa de explotación al desarrollo sustentable.
Ojalá algún día las diferencias entre ellos se superen por medio del diálogo y la comprensión y que en vez de antagonismo y disputas prime la colaboración para beneficio del sector pesquero.
Las instancias universitarias deberían colaborar más con el Incopesca. Al respecto, es oportuno reiterar el comentario de don Armando en la columna citada: «El país debe celebrar la existencia de una comunidad científica y conservacionista tan activa, pero ¿sería mucho pedir su orientación sobre la forma de desarrollar la pesca como lo hacen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la cual formamos parte precisamente para compartir las mejores prácticas en todos los ámbitos?».
Con la colaboración de todos, sector pesquero, ambientalistas y academia, evolucionaríamos hacia una pesca de arrastre que descarte para siempre la de antes.
El autor es expresidente ejecutivo del Incopesca.
