Durante el 2015 e inicios del 2016, al igual que en años anteriores, en el país se promulgó una cantidad importante de normativa ambiental, especialmente decretos y resoluciones, pero pocas leyes formales.
Se acentúa así la tendencia existente a incrementar de forma sustancial la legislación protectora del medio. Dicho crecimiento, en ocasiones exponencial, en la mayoría de los casos generara nuevos requerimientos institucionales y demanda mayores capacidades técnicas, humanas y financieras para fiscalizar debidamente su cumplimiento.
No obstante, entre la normativa y la capacidad de fiscalización existe una brecha negativa cada vez mayor, mientras lo ideal es que esta se reduzca gradualmente.
Debe destacarse la aprobación de la ley sobre el régimen especial de Ostional (N.° 9348). Asimismo, la ratificación del Protocolo relativo a la contaminación por fuentes y actividades terrestres del convenio para la protección y desarrollo de la región del Gran Caribe (N.°9316) y la adhesión al Acuerdo sobre medidas del Estado rector destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y sus anexos (N.° 9321).
El primero de estos tratados genera importantes obligaciones para hacer frente a un reto ambiental hasta ahora no abordado integralmente, como lo es la contaminación del mar proveniente de fuentes terrestres, incluidos los vertidos y residuos sólidos –tales como los plásticos– mal manejados.
El segundo recién entra en vigor e igualmente establece responsabilidades para responder a un problema de alta atención internacional como lo es la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Otros tratados, como el protocolo de Nagoya, mostraron avances en su discusión y trámite, pero aún enfrentan la oposición de un sector de las organizaciones no gubernamentales.
Poco avance. Resulta justo concluir que la Asamblea Legislativa (con excepción de las leyes mencionadas y los convenios internacionales) no ha logrado aún avanzar en la aprobación de legislación relevante para abordar desafíos ambientales prioritarios que aún nos aquejan.
El proyecto de ley de gestión integral del recurso hídrico, por ejemplo, se encuentra estancado en medio de posiciones divergentes sobre su calidad y la forma de resolver los cuestionamientos del voto de la Sala Constitucional. Adicionalmente, grupos sindicales y otros actores se oponen y no fue convocado por el Poder Ejecutivo en las pasadas sesiones extraordinarias.
Otras propuestas tampoco han obtenido el aval de la Asamblea entre las cuales se cuentan la de navegación acuática; las enmiendas constitucionales para incorporar el derecho humano al agua y saneamiento y el carácter de dominio público del agua; y modificaciones a la ley forestal para la protección de árboles no nativos, entre otros.
Suerte similar corren otras normas necesarias para regular la ocupación de áreas bajo regímenes especiales (a la luz del vencimiento en octubre del 2014 de la Ley de Moratoria N.° 9073 y el proyecto de ley de régimen especial dentro de las áreas silvestres protegidas).
Sin embargo, debe destacarse de manera positiva la aprobación en primer debate de las reformas a la ley de bienestar animal.
Decretos y acuerdos. Por el contrario, se emitieron múltiples decretos y acuerdos entre los cuales están: gobernanza de áreas silvestres protegidas, coincineración, manejo de recursos acuáticos, salvaguardas ambientales para los ríos Savegre y Pacuare, reglamentos relacionados con la contaminación por ruidos, incluida la resultante de vehículos.
También figuran acuerdos de Incopesca sobre las vedas, normativa para facilitar la trazabilidad de especies y productos y derivados incluidos en la Convención Cites, sanciones administrativas por acceso ilegal a los recursos genéticos y bioquímicos para facilitar la aprobación de planes reguladores, sobre manejo y disposición final de lodos y biosólidos, de generación distribuida para autoconsumo, la creación de la Comisión Nacional de Seguimiento de las acciones en materia de actividad piñera y nuevos reglamentos de rellenos sanitarios.
Por otra parte, se oficializaron las políticas de biodiversidad, el plan energético, el plan de acción de cambio climático y la estrategia de ganadería baja en emisiones.
Conflictos. Varias de las disposiciones adoptadas responden a temáticas que han sido causantes de conflictos relevantes en años anteriores relacionadas con pesca, conservación de tiburones y la incineración de residuos para la producción de energía, entre otros.
Asimismo, como se anticipaba, ciertas de estas, como por ejemplo las relativas a la coincineración y la simplificación del proceso de aprobación de planes reguladores, han sido cuestionadas ante la Sala Constitucional.
En síntesis, el 2015 reafirmó la tendencia a incrementar la legislación ambiental mediante decretos y otros instrumentos –no siempre de forma coherente ni respondiendo a una política nacional clara– y, al mismo tiempo, se constata un déficit en el actuar de la Asamblea para abordar los grandes retos del desarrollo sostenible.
El autor es abogado.