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En un país que todavía tiene hogares con dificultades para acceder económicamente a los alimentos y donde la inseguridad alimentaria continúa siendo una realidad, el debate sobre el impuesto al valor agregado (IVA) a la canasta básica no debería plantearse únicamente como una disyuntiva entre mayor recaudación y menor recaudación.
También debe incorporar una pregunta fundamental desde la perspectiva del desarrollo humano: ¿cómo asegurar que una reforma tributaria contribuya a la sostenibilidad de las finanzas públicas sin reducir la capacidad de las personas y los hogares para alimentarse adecuadamente?
La pregunta no es solo cuánto puede recaudar el Estado mediante un impuesto a la canasta básica, sino cuánto le costaría a la sociedad si algunas familias dejan de acceder a una alimentación suficiente y nutritiva.
La alimentación no es un gasto más dentro del presupuesto de los hogares. Es una condición fundamental para la salud, el desarrollo físico y cognitivo de las personas y, en un sentido más amplio, para el desarrollo humano de los países. Por eso, garantizar el derecho a una alimentación adecuada implica mucho más que asegurar que existan alimentos disponibles: significa que todas las personas puedan acceder de manera regular a alimentos suficientes, nutritivos, inocuos y culturalmente aceptables.
En este punto, la dimensión económica resulta fundamental. Como plantea Amartya Sen, no basta con que los bienes estén disponibles; las personas necesitan contar con los recursos y las capacidades necesarias para acceder efectivamente a ellos. En el caso de la alimentación, esto significa que los hogares deben disponer de ingresos suficientes para adquirir los alimentos que necesitan.
Costa Rica no parte de una situación en la que este acceso esté garantizado para toda la población. El número de hogares que no cuenta con los recursos económicos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos pasó de alrededor de 39.000 en 1995 a 71.336 en 2025 (INEC, 1995; INEC, 2025).
Aunque estas cifras muestran una realidad distinta a la de la pobreza medida de manera general, revelan que, para una parte de los hogares, incluso satisfacer las necesidades alimentarias básicas constituye una dificultad económica.
A esto se suma una realidad más amplia: la inseguridad alimentaria. Un estudio del Informe Estado de la Nación encontró que, entre julio de 2019 y junio de 2020, el 47,6% de los hogares costarricenses (763.190 hogares) experimentó algún grado de inseguridad alimentaria.
Esto significa que enfrentaron dificultades para acceder a alimentos suficientes o para mantener sus tiempos de comida debido a la falta de dinero u otros recursos. La incidencia fue mayor en los hogares de las regiones periféricas, fuera de la Región Central del país (Chacón y Segura, 2021).
Estos datos son relevantes para valorar la propuesta de aumentar el IVA aplicado a la canasta básica de alimentos del 1% al 13%. Aunque todavía no se conoce una propuesta formal con todos sus alcances, la discusión merece ser analizada también desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y nutricional y del derecho humano a la alimentación.
El gobierno ha señalado que una medida de este tipo permitiría fortalecer la recaudación, simplificar el sistema tributario y corregir distorsiones, entre ellas, el hecho de que el beneficio de una tasa reducida también alcanza a hogares de mayores ingresos.
Desde este enfoque, se ha planteado que parte de los recursos obtenidos podría utilizarse para compensar a los hogares más vulnerables mediante transferencias u otros mecanismos de apoyo.
El argumento fiscal puede ser legítimo. Sin embargo, existen algunas preguntas que no deberían quedar en segundo plano: ¿cómo podría afectar la capacidad de los hogares para acceder a una alimentación adecuada si el costo de los alimentos aumenta? ¿Es posible calcular su impacto haciendo modelaciones prospectivas antes de aprobar una reforma de tanto calado? ¿Cómo se garantizaría una compensación oportuna, suficiente y bien focalizada para no perjudicar la seguridad alimentaria y nutricional?
Desde la seguridad alimentaria y nutricional, existen al menos cinco aspectos que deberían considerarse.
Primero, el efecto sobre el acceso económico a los alimentos. La aplicación del impuesto se trasladaría total o parcialmente a los precios finales; por tanto, los hogares enfrentarían un aumento en el costo de su alimentación.
El impacto no sería igual para todos. Los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos a la compra de alimentos, por lo que tienen un margen más reducido para absorber aumentos de precios sin modificar otros gastos o su propia alimentación.
Segundo, el riesgo de profundizar situaciones de inseguridad alimentaria. Para un hogar que ya tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas, un aumento en el costo de los alimentos puede significar tener que reducir las cantidades, disminuir la frecuencia de consumo o sacrificar otros gastos esenciales para mantener la alimentación.
Por ello, un cambio tributario que incremente el costo de la canasta básica puede convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad, especialmente para quienes ya se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.
Tercero, la posible afectación de la calidad de la dieta. La seguridad alimentaria no consiste únicamente en consumir suficientes calorías. También implica acceder a alimentos nutritivos y saludables. Cuando el presupuesto es limitado, un aumento de precios puede llevar a los hogares a sustituir determinados alimentos por alternativas de menor costo, que no necesariamente tienen el mismo valor nutricional. Esto es particularmente relevante en hogares con niños, personas adultas mayores y otras poblaciones que requieren una alimentación adecuada para proteger su salud y bienestar.
Cuarto, el riesgo de profundizar desigualdades. Aunque una tasa de impuesto sea formalmente igual para todas las personas, sus efectos económicos pueden ser distintos. Un mismo aumento en el precio de los alimentos representa una carga proporcionalmente mayor para los hogares de menores ingresos. Por ello, la discusión no debería limitarse a determinar si el impuesto es igual para todos, sino a preguntarse quién soportará efectivamente su costo y qué capacidad tendrá cada hogar para absorberlo.
Quinto, los posibles efectos sobre la cadena de abastecimiento y la producción nacional. Un aumento en los precios puede modificar los patrones de consumo y afectar la demanda de determinados alimentos. Esto puede tener consecuencias no solo para los consumidores, sino también para productores y comerciantes. Por ello, cualquier modificación tributaria debería analizarse considerando sus efectos a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Esto no significa que cualquier aumento del IVA necesariamente provocaría un deterioro generalizado de la seguridad alimentaria y nutricional. El efecto dependerá, entre otros factores, de cuánto aumenten efectivamente los precios, de qué alimentos sean afectados, de las posibilidades de sustitución de los hogares y de la efectividad del sistema de compensación que eventualmente se implemente.
Precisamente por eso, la discusión sobre el impuesto debería ir acompañada de evidencia y modelaciones de impacto. Antes de adoptar una decisión, sería necesario estimar cuánto aumentaría el costo de la alimentación para distintos tipos de hogares, cuáles grupos serían más afectados, qué alimentos experimentarían los mayores cambios de precio y cuántos hogares deberían ser compensados.
También sería fundamental determinar si las transferencias o subsidios tendrían suficiente cobertura, monto y oportunidad para evitar que el cambio tributario reduzca la capacidad de los hogares para acceder a una alimentación adecuada.
Aquí aparece uno de los principales desafíos. No basta con decir que los hogares vulnerables serán compensados; es necesario demostrar que la compensación será suficiente y que llegará efectivamente a quienes la necesitan.
Una política de compensación que llegue tarde, excluya hogares vulnerables o no cubra el aumento real del costo de la alimentación podría dejar sin protección precisamente a quienes tienen menor capacidad para enfrentar el cambio.
Karen Chacón Araya es investigadora del Programa Estado de la Nación.
