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En medio de la creciente preocupación por la inseguridad, es comprensible que surjan propuestas cada vez más drásticas para combatir el crimen. Sin embargo, hay líneas que una democracia no puede cruzar sin ponerse en riesgo a sí misma.
Se ha planteado recientemente la posibilidad de permitir allanamientos sin orden judicial. La premisa parece sencilla: actuar más rápido para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, detrás de esa idea hay una pregunta mucho más profunda: ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestras garantías individuales en nombre de la seguridad? Yo no. Y no solo por convicción, sino porque ya demostramos que sí es posible fortalecer la acción del Estado sin debilitar los derechos fundamentales.
Desde la Asamblea Legislativa impulsé la ley de allanamientos 24/7, hoy ya en plena aplicación. Esta reforma permite que se realicen estas diligencias cualquier día y a cualquier hora, incluyendo feriados, lo cual agiliza la respuesta ante situaciones urgentes, pero se dejó intacto el requisito de que exista una orden judicial previa.
Y aquí es importante recordar algo: cuando esta ley se discutía, desde el propio gobierno se afirmó públicamente que el texto “era inconstitucional” porque supuestamente eliminaba la orden judicial y se lesionaba el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el cual se encuentra establecido por el artículo 23 de nuestra Carta Magna. Eso nunca fue cierto. Mi propuesta nunca eliminó ni la orden del juez ni su control.
Hoy, quienes cuestionaban ese proyecto con argumentos falsos, terminan planteando algo mucho más grave: allanamientos sin orden judicial. Eso no solo es una contradicción: es un retroceso peligroso.
Cuando se plantea que el Estado pueda ingresar a una vivienda sin orden judicial, incluso si después “no se encuentra nada”, se está normalizando algo gravísimo: que los derechos de las personas dependan de la sospecha y no de la ley. Y sí, hay daño.
Hay daño cuando se irrumpe en un hogar sin justificación legal. Hay daño cuando se vulnera la intimidad, la tranquilidad y la seguridad jurídica de una persona. Hay daño cuando el poder del Estado deja de tener límites claros.
Costa Rica ha construido su democracia sobre bases firmes: el respeto a la ley, la división de poderes y la protección de las libertades individuales. Debilitar esas bases no nos hace más seguros, sino más vulnerables.
Hay que decirlo con claridad: este tipo de propuestas son propias de modelos autoritarios, en los que el Estado empieza a asumir un poder desmedido sobre la vida y los bienes de las personas.
Además, sin controles judiciales, se abre un riesgo real: que estas herramientas se utilicen para persecuciones políticas, represalias o decisiones arbitrarias basadas en criterios subjetivos, algo completamente incompatible con una democracia plena como la que afortunadamente existe en Costa Rica.
La historia nos ha enseñado que cuando los Estados justifican excesos en nombre de la seguridad, el resultado no es más justicia, sino más abuso.
Aquí no se trata de elegir entre seguridad o derechos. Esa es una falsa dicotomía. Se trata de entender que la verdadera seguridad solo existe cuando está acompañada de garantías, controles y respeto a la dignidad de las personas.
Costa Rica necesita firmeza contra el crimen, sí, pero también necesita coherencia.
No se puede desinformar sobre un proyecto que fortalecía la legalidad y el combate del crimen organizado, y luego promover propuestas que sí eliminan controles básicos.
El día que normalicemos que el Estado pueda entrar a nuestras casas sin orden judicial, no habremos derrotado a la delincuencia: habremos debilitado nuestra democracia.
Montserrat Ruiz Guevara es diputada de la República (2022-2026).
