¿Reformar la Constitución o desmantelar el poder subyacente?

publicado en La Nación del pasado 29 de diciembre, pone el dedo en la llaga sobre los problemas que aquejan el desempeño estatal.

Nos cita cinco artículos claves de la Constitución Política actual que, de cumplirse, desaparecerían muchos de los principales problemas institucionales que nos aquejan.

Se trata de los artículos 11, párrafo 2, que exige evaluación por resultados de los programas públicos y responsabilidad de los jerarcas; el 57, que establece la igualdad de salarios en la Administración Pública; el 176, que establece que el monto del presupuesto no puede exceder los ingresos; y el 189, que dice que para crear nuevas instituciones autónomas deben darse dos tercios de los votos, norma ignorada por un subterfugio, que ha permitido crear 300 instituciones a la clase política.

De este análisis deriva que lo que necesitamos no es una nueva Constitución, sino hacer cumplir la que está en vigor. No voy a repetir lo que tan bien ha explicado el profesor Rodríguez, sino aprovechar esta publicación para evidenciar que el problema de mal funcionamiento de nuestro Estado no depende de la Constitución solamente, sino que es un problema del apropiamiento legal que han hecho grupos corporativos, como transportistas, desarrolladores, sindicatos o gremios profesionales, entre otros, para crear leyes con nuevas instituciones y ocupar espacios en las instancias decisionarias.

Han logrado, de esta forma subrepticia, que se anteponga su interés gremial o corporativo por encima del interés público. En otras palabras, han instaurado la génesis de la corrupción empotrándola en las instituciones, donde cada subsector lucha por sus intereses. Una corrupción estructural que se reproduce en cascada hasta la base, y el que no se atiene a sus reglas es un ingenuo.

Visión individualista. No se trata de negar los intereses legítimos de cada sector, sino de que estos no se impongan, como lo hacen actualmente, sobre el interés público.

Todo esto ha sido encubierto ante el gran público por una visión individualista que le atribuye el problema del mal funcionamiento a la existencia de personas corruptas dejando de lado el sistema que las reproduce. Creando, al mismo tiempo, la ilusión de que basta que llegue una persona honrada para que todo funcione bien o que hay que cambiar la Constitución sin razonar por qué.

Lo que explica el mal funcionamiento de nuestro Estado son las instancias de poder subyacentes. Estas y la Constitución son las que definen cómo se hacen las cosas a contrapelo de los marcos constitucionales y de las leyes madre.

En otras palabras, la acción reivindicativa debe estar orientada, por una parte, a hacer que se cumplan las normas constitucionales vigentes para que haya controles, rendiciones de cuentas efectivas y sanciones a quienes las trasgreden. Por otra parte, debe orientar la acción a modificar las composiciones de las instancias decisorias y las leyes vigentes que permiten anteponer los intereses de grupo a gremios y corporaciones, por encima del interés público.

Erradicar la corrupción. Llevar personas honradas al Gobierno, que antepongan el interés público al corporativo, es importante, pero no soluciona el problema de la corrupción. Es preciso extirparlo en la raíz de las leyes e integración de las instancias decisorias que permiten y promueven la corrupción.

Es una tarea que demanda visión y decisión de estadistas porque hacer dinero desde el poder es una práctica muy arraigada en América Latina, que viene desde la Colonia. Pero ¿podemos seguir tolerando este desaguisado y pretender ingresar al siglo XXI?

Tienen la palabra los señores diputados, que tanto hablan de moral, pero no exigen el cumplimiento de las normas constitucionales vigentes ni legislan para sancionar a quienes las irrespetan.

El autor es sociólogo.