EscucharLos “pluses”, como pagos adicionales al salario de los funcionarios públicos, han sido creados por alguna ley, un acuerdo de las autoridades políticas o por convenciones colectivas. Además de las anualidades, los hay de todos los tamaños y conceptos. No ha habido reparos en derrochar creatividad e imaginación para crearlos. En muchas instituciones, los funcionarios reciben más remuneración mensual por pluses que por salario.
Para la Contraloría General de la República, solo en el Gobierno Central, o sea, en los ministerios, existen 129 pluses diferentes ( La Nación 18 de enero pág. 9). No se ha podido, o no se ha querido, determinar cuántos son en realidad los pluses existentes en toda la Administración Pública. La justificación fundamental para su creación ha sido la creencia de que por este medio es posible motivar a los funcionarios y así incrementar la eficiencia de las instituciones públicas.
Las autoridades políticas, sobre todo en el gobierno actual, generalmente son a su vez funcionarios y ostentan algún cargo en el sector público, por lo tanto, se ven directamente beneficiados con esas leyes, acuerdos y convenciones colectivas.
Factor motivacional. Las teorías sobre la motivación del trabajador, entendida como la predisposición para realizar su labor con esmero y de la manera más eficiente posible, incluidas en los textos de administración, han sido tomadas de tratadistas de la ciencia de la sicología, entre los más conocidos están Maslow, Herzberg, MacClelland y Mayo. Estos autores, cada uno a su manera, han encontrado una relación positiva entre los incentivos laborales y la motivación de los trabajadores.
Cuando repasamos las obras originales de los científicos en sicología antes citados, encontramos que los textos de administración omiten algo esencial de la teoría de la motivación. Se trata de lo siguiente: el efecto motivador de los incentivos en los trabajadores ocurre solo si el trabajador percibe que estos incentivos pueden ser retirados o suspendidos por la empresa.
No son los incentivos en sí mismos los verdaderos motores de la motivación, sino la posibilidad real de perder esos beneficios. El estar satisfecho no estimula la motivación.
Los libros de administración omiten esta condición, pues están dirigidos a las empresas privadas, en las cuales la posibilidad de perder un incentivo es consustancial con su naturaleza. Para los trabajadores del sector privado contar con un puesto de trabajo les debe motivar a rendir con la mayor eficiencia posible, so pena de perder el empleo en cualquier momento, sin mucho trámite. El trabajador de una empresa privada debe demostrar día a día que su presencia y su trabajo son necesarios y productivos para la empresa.
Derechos adquiridos. En el sector público no existe ningún incentivo ligado al cumplimiento de labores. El puesto mismo es considerado de su propiedad personal; todos los pluses y demás beneficios son derechos adquiridos, al menos así lo entienden, por lo tanto, ninguno de esos beneficios cumple absolutamente ningún papel motivador.
Si en verdad los incentivos motivaran, los ciudadanos de a pie (concepto creado por esta administración) podrían imaginarse el buen servicio y el trato amable que recibirían en las instituciones públicas.
El funcionario público, ante tantos incentivos que lo benefician, pero no lo motivan, debe encontrar en los valores inculcados por su familia y por la sociedad, así como en sus creencias religiosas y convicciones morales, las razones que le motiven a servir con eficiencia a su pueblo. En todas las instituciones públicas hay funcionarios conscientes y honestos. Dentro de algunos días, a propósito de las amenazas de huelga, tendremos una mejor idea de la magnitud de su existencia.
La Asamblea Legislativa trata de contener tímidamente la avalancha del déficit y de las evidentes injusticias sociales, tratando de poner pequeñas limitaciones a los excesivos beneficios vigentes. Los empleados públicos, ahora sí encontrarán un motivo, fundamentado en la ciencia de la sicología, para sentirse verdaderamente motivados y oponerse con todas sus fuerzas a ver limitados sus beneficios.
Se anuncian huelgas indefinidas en todos los servicios públicos, con el fin de infringirle el mayor daño posible a la ciudadanía, como medio para doblegar nuevamente al gobierno. No sabemos hasta dónde llegará esta confrontación, ni los perjuicios a la población que financia sus pluses, pero si sabemos que al final siempre será el pueblo costarricense el perdedor.
Recordemos las palabras de Nicolás Maquiavelo, quien en 1513 escribía: al príncipe (o a quien nos gobierne) le es muy difícil cambiar las instituciones, pues los que se aprovechan de ellas serán “feroces” opositores y los que se beneficiarían del cambio serán “tibios” defensores.
El autor es profesor de la Universidad de Costa Rica.
