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En Costa Rica hemos convertido los eurobonos en una bandera política, cuando son apenas un instrumento financiero. A su alrededor se han acumulado mitos y fantasmas: que serán el colapso del tipo de cambio, que son una carta blanca de gasto para el Gobierno o que hipotecarán el futuro de las próximas generaciones.
La pregunta técnica y políticamente razonable no es si Costa Rica se endeudará a futuro (¡que sí lo hará, con o sin eurobonos!), sino cómo financiará sus obligaciones con las mejores condiciones financieras disponibles. El país, como muchos otros, arrastra torres de vencimientos y un presupuesto que se financia parcialmente con emisión de deuda; eso no cambia si los diputados votan a favor o en contra de la emisión de eurobonos.
Con o sin eurobonos, esta y las siguientes administraciones deberán emitir deuda. Cada año vencen títulos que deben pagarse y cada presupuesto de la República incorpora endeudamiento para financiar su contenido. Negar el acceso a los mercados internacionales no elimina esa necesidad, solo la traslada al mercado local, donde el Estado compite por el ahorro y los recursos que también necesitan las empresas y los hogares, lo que presiona al alza los rendimientos soberanos y el costo del crédito privado.
La experiencia del 2023 muestra que el acceso a los mercados internacionales redujo el costo del financiamiento. Según el Ministerio de Hacienda, al cierre del 2022, captar a 10 años en el mercado interno costaba un 9,9% en colones (moneda en la que se captan el 70% de los recursos) y un 7,0% en dólares. La primera emisión internacional del 2023 se colocó al 6,55% a 11 años; la segunda, al 7,75% a 30 años, un plazo que el mercado local sencillamente no ofrece. Hacienda estimó un ahorro por intereses cercano a US$21,7 millones anuales y también documentó que la curva local en colones cayó 380 puntos base al cierre del 2023 y 490 en el 2024, una reducción que, por la escasa profundidad del mercado local, no habría ocurrido sin las emisiones de deuda externa.
Aquí es donde surge una paradoja institucional que debe discutirse con honestidad. En Costa Rica, la “tarjeta de crédito cara” se renueva cada año sin condiciones, mientras que usar la “tarjeta de crédito barata” exige permisos y conlleva serias restricciones. La deuda interna, la más costosa, se autoriza automáticamente con la aprobación del presupuesto de cada año; para esta, nadie impone condicionamiento, nadie exige metas de deuda/PIB ni balances primarios.
Por su parte, utilizar deuda externa, la más barata y con mayores plazos, requiere 38 votos por mandato constitucional y, según proponen algunos legisladores “expertos fiscalistas”, también debería condicionarse a indicadores fiscales cuantitativos. El resultado es un sistema que penaliza la opción más eficiente y “firma sin leer” la más cara.
Condicionar cada emisión a metas fiscales es técnicamente defectuoso por al menos dos razones. Primero, es procíclico: indicadores como la relación deuda/PIB, la recaudación o el balance primario dependen del crecimiento, del tipo de cambio, de la inflación y de choques externos, de modo que tienden a incumplirse en crisis, ¡precisamente cuando financiarse barato es más urgente! En segundo lugar, castiga con el instrumento equivocado: si la meta fiscal se incumple, la necesidad de financiamiento no desaparece; solo se le prohíbe al Estado cubrirla por la vía menos costosa.
Esto no es una hipótesis: el experimento ya se hizo con la Ley 10.332 y el resultado fue nefasto. La autorización del 2022 por US$5.000 millones incluía condiciones por tramos; solo se colocaron US$3.000 millones, y los US$2.000 millones restantes quedaron bloqueados por el incumplimiento de metas, hasta que en octubre del 2025 la Asamblea archivó definitivamente la reforma que buscaba destrabarlos. ¿Bajó el gasto por ello? No. ¿Se redujo la deuda? Tampoco. Las necesidades de financiamiento se cubrieron igual, pero por la ventanilla cara. Los candados no compraron disciplina fiscal: compraron intereses más altos, pagados por todos y cada uno de los contribuyentes.
¿Impacto en el dólar?
El fantasma más grande de este debate es la supuesta relación entre los eurobonos y el tipo de cambio. La última colocación de eurobonos se realizó en noviembre del 2023, cuando el tipo de cambio era de aproximadamente ¢530 por dólar. Hoy, 31 meses después, sin eurobonos, el tipo de cambio continúa con una tendencia apreciativa.
Si los eurobonos fueran el motor del mercado cambiario, su efecto se habría desvanecido desde hace tiempo; la evidencia apunta, más bien, a factores estructurales que el Fondo Monetario Internacional y diversos analistas han documentado: el dinamismo exportador, la inversión extranjera directa y el turismo. Lo confirmó la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, que en junio del 2026 dio su visto bueno técnico a la solicitud de Hacienda y fue explícita en que la transacción, en sí misma, no tiene una implicación directa sobre el mercado cambiario: el efecto depende del uso posterior de las divisas.
Costa Rica necesita conducir con las luces largas encendidas. Una autorización por años no es un cheque en blanco: es la admisión, tardía pero necesaria, de que los vencimientos de la deuda no se ajustan al calendario electoral. Esa pésima costumbre de la política costarricense de ver solo un horizonte de cuatro años es la miopía que no nos permite ver a futuro: la que nos condena a repetir el mismo debate en cada Administración, pagando en cada ronda el peaje de la incertidumbre mientras los vencimientos, indiferentes al ciclo político, siguen llegando puntualmente a cobrar.
No es casualidad que este debate esté repleto de mitos y fantasmas. Un mito es un relato que se opone a la razón: la narración que ocupa el lugar de la explicación cuando no queremos, o no conviene, examinar la evidencia. Un fantasma es una aparición, cuyo verbo de origen, phainein, significa literalmente “sacar a la luz”. Acá la ironía es maravillosa: el fantasma es aquello que solo se deja ver donde hay ausencia de luz, y se desvanece apenas la encendemos. Mitos y fantasmas comparten, entonces, un mismo oficio: prosperan exactamente donde termina la voluntad de ver los datos, los hechos, la realidad.
Es más cómodo narrar que una autorización “endeudará a tres gobiernos” que estudiar el perfil de vencimientos; es más fácil invocar el espectro del descontrol que admitir que los candados del 2022 no compraron disciplina, sino mayores tasas de interés. Las tasas, los plazos y los ahorros documentados son la luz que disipa ambos. La decisión que tiene enfrente el país es, en el fondo, esa: encender la luz y decidir con evidencia, o seguir discutiendo a oscuras sobre mitos, fantasmas y eurobonos.
Nogui Acosta Jaén es jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano.
