EscucharA principios de año, encontré el anuncio de una persona radicada en Puerto Rico que buscaba al abogado que tramitó su adopción en 1977 en Costa Rica y quería información sobre su familia biológica.
Se me estrujó el corazón. Recordé el proceso de reforma del reglamento de adopciones internacionales y todas las conversaciones hace tres lustros en torno al derecho de los niños a crecer en una familia. Pero, también, el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes.
Fui al Archivo Nacional, encontré los documentos, me puse en contacto con esa persona y con la hermana biológica, y hubo un reencuentro familiar a través de internet, emotivo hasta las lágrimas.
No se trata de una adopción aislada. En los índices de los tomos notariales existe información sobre la cantidad de adopciones tramitadas. Solo ese notario, entre 1974 y 1979, protocolizó por lo menos 264 adopciones; la gran mayoría, internacionales.
Las Abuelas de Plaza de Mayo han clamado por que no haya olvido. Ahí, han estado, en pie de lucha, apoyándose sin desmayar, en busca de sus nietos robados y dados en adopción.
Con su presencia, sus pancartas y su actitud de nunca rendirse, nos han dicho día tras día que sus historias atroces no deben olvidarse para que no vuelvan a ocurrir. Pero también nos recuerdan que la esperanza jamás debe perderse. No en vano hay fiesta en Buenos Aires cada vez que “aparece” un nieto o una nieta.
Nuestros niños no desaparecieron en manos de ninguna dictadura. Se fueron al amparo de una ley que cobijó la adopción internacional en los años setenta, en una página de nuestra historia que ha estado sigilosamente silenciada. Es hora de clamar para que lo ocurrido salga a la luz y reciba el apoyo comprometido del gobierno para que quienes así lo quieran encuentren sus orígenes.
En los Países Bajos, un informe oficial de febrero del 2021 “indica que entre 1967 y 1998 se produjeron tráfico de menores, falsificación de documentos y otras irregularidades”. Tan espeluznantes los resultados, que los procesos de adopción internacional se han paralizado, dada la constatación de todo tipo de abusos entre 1967 y 1998: robo de niños a sus padres biológicos, trata de menores, falsificación y sustracción de documentos, entrega de los pequeños bajo pretextos falsos y falta de ética de algunos funcionarios.
Sander Dekker, ministro de Protección Legal, pidió perdón a las familias afectadas. “Me he preguntado varias veces si estoy seguro de que los métodos aplicados en los países de nacimiento de los niños son adecuados. Y la respuesta es que no”, declaró al diario español El País, el 8 de febrero del 2021.
Los Países Bajos fueron receptores de niños. Costa Rica, en cambio, estuvo del otro lado; no recibimos, otorgamos… Nuestros niños se fueron a varios estados de Estados Unidos, pero especialmente a Puerto Rico; también, a otros países de América del Sur y Europa.
Cientos de niños de meses o poquísimos años salieron del país bajo la figura de “adopción ante notario”, lo que la legislación permitía. Niños fueron declarados en abandono o entregados por sus madres por medio de un poder firmado ante un notario, fueron adoptados por parejas extranjeras “de paso por Costa Rica”, que vinieron al país solo a recogerlos.
¿Cuántas adopciones totales se tramitaron ante todos los notarios? ¿Dónde están esos niños? Y, lo principal, ¿cómo están?
Nuestro país debe ofrecer a cada niño que salió del país por adopción internacional la posibilidad de conocer sus orígenes, en virtud del Convenio de La Haya de 1993, que suscribimos y establece la obligación de los Estados de “asegurar la conservación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres”.
Es hora de asumir la responsabilidad de los convenios que firmamos. Es hora de ofrecer disculpas si el Estado actuó mal en alguna parte de los trámites, pero, sobre todo, es el momento de brindar la ayuda necesaria a quienes así lo quieran para que encuentren sus orígenes.
Si bien la vida no retrocede y todo cuanto se pueda decir acerca de qué habría pasado si se hubieran quedado en el país resulta especulativo, los asiste un derecho.
Una campaña internacional para localizar a esos costarricenses —porque siguen siéndolo— empadronados en algún lugar “no conocido” y ofrecerles la posibilidad de documentar sus orígenes biológicos es, más que un deber legal, un asunto de humanidad.
La autora es odontóloga.
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Es hora de ofrecer disculpas si el Estado actuó mal en alguna parte de los trámites, pero, sobre todo, es el momento de brindar la ayuda necesaria a quienes así lo quieran para que encuentren sus orígenes. (Shutterstock)
