EscucharDesde Bélgica una española quiso adoptar una bebé en Costa Rica en mayo del 2001, pero antes de que su trámite concluyera la niña fue acogida por una estadounidense.
Es solo uno de 17 casos al menos aprobados por juzgados y tribunales costarricenses en los últimos cuatro años, durante los que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sospecha que hubo anomalías en adopciones privadas internacionales, en las que esa entidad no participa.
La Nación revisó los expedientes. En el 2001, según el dato completo más reciente, el Poder Judicial tramitó 430 adopciones, de las cuales 34 fueron directas internacionales y dos adopciones directas nacionales.
Una niña y dos madres
Ella, a quien llamaremos Montserrat, aceptó enviar $1.000 mensuales a una cuidadora por atender a la recién nacida mientras se concretaba la adopción, y acordó pagar $10.000 al abogado cuando el proceso concluyera.
El trámite se alargó siete meses, el PANI se opuso a la gestión y Montserrat dijo que pagaría la mensualidad de manutención solo cuando le dieran la niña, lo cual fue rechazado por el abogado.
El PANI advirtió que durante cinco meses Ana, la cuidadora, no colaboró con los estudios psicosociales.
“Es preocupante que esta niña, ahora de nueve meses de edad, se esté vinculando afectivamente con personas contratadas únicamente para su cuido, personas que posteriormente harán entrega de la niña a una señora extranjera con quien no tiene relación ni vínculo alguno”, concluyó el PANI.
El Juzgado de Niñez y Adolescencia josefino elevó el caso al Tribunal Superior de Familia el 29 de enero del 2002.
Pero, se mismo día, ante el representante legal, la madre biológica de la bebé –una nicaragüense de 44 años que siete meses antes había entregado la niña a Ana– la volvió a ceder a Marie, una estadounidense quien entró al país apenas 10 días antes.
El escrito del abogado, presentado el 1.° de febrero del 2002 ante el Juzgado de Familia de Liberia, decía que la estadounidense estaba domiciliada en un hotel de esa ciudad.
La madre biológica aseguró que había conocido a Marie mes y medio antes y dijo que Ana solo atendía a su bebé mientras ella trabajaba.
“No estaría dispuesta a dársela a nadie más, solo a esta señora (Marie) porque ya vi cómo es ella y su novio”, aseveró la mujer ante la jueza de familia.
Mientras en San José el Tribunal Superior de Familia se preparaba para resolver el caso de Montserrat, el 12 de marzo el Juzgado de Familia de Liberia aprobó la adopción y Marie y su nueva bebé volaron a Estados Unidos.
El 18 de abril el representante legal de las dos mujeres adoptantes desistió de continuar el trámite de la española pues la niña ya había sido entregada a la norteamericana.
“Actué de forma totalmente ingenua. Yo pensaba que todo era completamente oficial y que el PANI estaba de acuerdo”, comentó Montserrat a La Nación en una entrevista telefónica desde Bolivia, donde reside ahora con una niña que sí pudo adoptar.
En otros expedientes revisados constan intentos de ocultar al PANI el paradero de los bebés, allanamientos judiciales a “casas cuna” por donde han pasado más de 30 niños dados en adopción.
Las anomalías no son nuevas. En 1992 una comisión legislativa había encontrado las mismas situaciones que una década después siguen ocurriendo.
La Nación publicó ayer que divergencias en las interpretaciones judiciales de convenios internacionales facilitan el negocio con las adopciones.
Aun así, el juez de familia Robert Camacho explicó que muchos jueces de primera instancia sí aplican los convenios internacionales y no comparten la posición sostenida por el Tribunal Superior de Familia, aunque la respetan.
Votos del Tribunal Superior de Familia sostienen que los convenios internacionales en temas de adopción solo se aplican a los niños que custodia el PANI.
