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El país enfrenta una disyuntiva clara: seguir administrando por inercia o construir una nueva etapa de crecimiento equitativo. Para lograrlo, se requieren decisiones urgentes, visión de largo plazo y un Estado capaz de crear condiciones para competir, innovar y prosperar.
Costa Rica se encuentra hoy en una encrucijada. Los pilares que nos han sostenido durante décadas, como la estabilidad democrática, el acceso a la salud, la amplia cobertura educativa, el talento humano y nuestra riqueza natural, siguen siendo activos valiosos. Pero es evidente que ya son insuficientes. Muchos muestran señales claras de estancamiento o incluso retroceso.
Si aspiramos a que más personas accedan a mejores oportunidades y a avanzar hacia un bienestar colectivo y sostenible, debemos asumir con urgencia el reto de fortalecer nuestra competitividad.
Durante años, el Global Competitiveness Index, del Foro Económico Mundial, fue una herramienta clave para entender nuestras fortalezas y debilidades estructurales. Aunque su publicación se suspendió en el año 2020, el índice ofrecía una mirada integral de los factores que determinan la competitividad a largo plazo. En su última edición, Costa Rica había descendido siete posiciones y se ubicaba en el puesto 62 a nivel global, y como el quinto país más competitivo de América Latina.
A pesar de nuestros avances en salud y adopción tecnológica, el informe advertía sobre brechas que siguen abiertas: una educación técnica desconectada del mercado laboral, infraestructura desactualizada, altos costos de la electricidad, desigualdad persistente y la digitalización de gobiernos locales con muchos años de retraso. A esto se suma una creciente inseguridad, que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representó un 3,03 por ciento del PIB en 2022, drenando recursos clave para el desarrollo.
En el año 2025, Costa Rica alcanzó la categoría de país de ingreso alto, con un ingreso nacional bruto per cápita de 15.620 dólares. Sin embargo, seguimos lejos del promedio de los países de la OCDE, que superó los 48.000 dólares ese mismo año. Al ritmo actual, nos tomaría más de 70 años cerrar esa brecha.
Peor aún, avanzamos con profundas desigualdades: siete cantones concentran la mitad de la producción nacional, el 37 por ciento de los trabajadores se mantiene en la informalidad, la participación laboral femenina apenas llega al 44 por ciento y los jóvenes enfrentan enormes barreras para ingresar al mercado laboral.
Desde el Consejo para la Promoción de la Competitividad, hemos alertado sobre estos retos a través del Índice de Competitividad Nacional, que este año llegará a su quinta edición. En los últimos cuatro años, el país ha permanecido estancado entre los 55 y 56 puntos en una escala de 0 a 100. No hemos visto mejoras significativas. Esta herramienta nos ha permitido entender mejor las brechas territoriales y ofrecer propuestas concretas para una política pública basada en evidencia. Medir, después de todo, es el primer paso para mejorar.
El diagnóstico es claro. Costa Rica tiene fortalezas, pero también nudos estructurales que frenan su desarrollo. La competitividad no es un asunto técnico ni un objetivo aislado. Es el fundamento sobre el cual se construyen empleos de calidad, innovación empresarial y bienestar regional.
Hoy debemos decidir. Podemos seguir administrando la inercia o atrevernos a abrir un nuevo capítulo de crecimiento más dinámico y equitativo. Esa transformación debe ir más allá de un gobierno o un periodo político. Requiere visión, coraje y acuerdos de Estado. No se trata de celebrar pequeñas victorias, sino de construir una agenda de largo plazo con resultados sostenidos.
Desde el CPC consideramos urgente modernizar el mercado eléctrico, revisar la estructura de cargas sociales y avanzar hacia esquemas laborales más acordes con la realidad productiva. También debemos apostar por una educación técnica, de calidad incuestionable, pero mejor alineada con la demanda del mercado.
La profesionalización de la gestión pública es impostergable, y esta debe también incluir el ámbito municipal. Invertir en capital humano, reforzar la seguridad y cerrar las brechas territoriales son pasos fundamentales para liberar el potencial que Costa Rica necesita.
El próximo Índice de Competitividad Nacional será un nuevo llamado a corregir el rumbo. A construir, entre todos, las condiciones necesarias para que el país pueda sostener y ampliar sus oportunidades en un mundo cada vez más exigente.
No basta con reconocer nuestras debilidades. Es momento de actuar. Costa Rica necesita decisiones valientes, visión compartida y voluntad sostenida. La competitividad no puede seguir siendo una aspiración lejana. Debe convertirse en una prioridad nacional.
Carlos González es abogado y empresario. Es el presidente del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).
